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Reforma laboral: Santilli sale a buscar votos en las provincias

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Con el Congreso en receso y el tratamiento postergado para el 10 de febrero, el oficialismo activó una doble estrategia para destrabar la reforma laboral.



Con el Congreso en receso y el tratamiento postergado para el 10 de febrero, el oficialismo activó una doble estrategia para destrabar la reforma laboral. Mientras Diego Santilli inició una gira por las provincias para sumar apoyos entre los gobernadores, Patricia Bullrich prepara una ronda de negociaciones en el Senado para ajustar el texto y alcanzar los votos necesarios.




Mientras el calendario legislativo sigue en pausa por el receso de verano, el Gobierno empezó a mover fichas para destrabar uno de los debates más sensibles de su agenda: la reforma laboral. Con el tratamiento postergado para febrero, Patricia Bullrich y Diego Santilli activaron una estrategia en paralelo para reconstruir consensos con los gobernadores y llegar al recinto con los acuerdos lo más cerrados posible.



Santilli dio este miércoles el primer paso de una gira nacional que se extenderá durante enero y que lo llevará por al menos diez provincias. El puntapié inicial fue en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en un gesto que apunta a retomar el diálogo político con los mandatarios provinciales. La visita estuvo atravesada además por la situación que vive la provincia a raíz de los incendios forestales: parte de la agenda estuvo enfocada en ese tema y ambos recorrieron las zonas afectadas en las localidades de Epuyén y El Hoyo. En redes sociales, compartieron imágenes conjuntas y difundieron información vinculada exclusivamente a la emergencia.

El objetivo de fondo es claro: garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado. En un primer momento, el oficialismo había planteado avanzar con el proyecto durante el período de sesiones extraordinarias que finalizó el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, pocos días antes de que venciera ese plazo, Bullrich anunció que el debate se postergaría para el 10 de febrero, en una señal de que los números todavía no estaban asegurados.

El dictamen de la reforma ya está firmado, pero desde el propio oficialismo admiten que el texto no está cerrado. La jefa del bloque oficialista en el Senado —que además preside la Comisión de Trabajo mientras dure la discusión— reconoció que se escucharán propuestas para introducir cambios y acercar posiciones, en un intento por ampliar la base de apoyos.

Según definieron en el bloque, a partir de mediados de enero comenzará una serie de encuentros para revisar el articulado y lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción al proyecto. Bullrich necesita reunir al menos 37 adhesiones para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, un desafío que obliga a aceitar la relación con los gobernadores aliados y dialoguistas. La intención es llegar a la fecha prometida del 10 de febrero con los acuerdos prácticamente cerrados.

La estrategia no es nueva. En noviembre, Santilli ya había recorrido varias provincias para sumar respaldos al Presupuesto, que finalmente fue sancionado con el acompañamiento de mandatarios provinciales.

En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con 20 bancas propias, a las que se sumarían tres del PRO. El oficialismo irá en busca del acompañamiento de los radicales y de los bloques provinciales, mientras que el peronismo ya explicitó su rechazo al proyecto. Incluso, algunos senadores del bloque Justicialista participaron de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) “contra la impúdica reforma laboral impulsada por el Gobierno”, el pasado 18 de diciembre.

Lo cierto es que, tras la sesión en la que se aprobó el Presupuesto 2026 en la Cámara alta, se profundizaron las rispideces internas dentro del peronismo. Quedaron expuestas las tensiones entre el bloque Justicialista y los senadores que integran Convicción Federal, espacio que hasta hace unos meses formaba parte de un interbloque común. En esa votación, tres de los cinco integrantes de Convicción Federal —Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), todos alineados con gobernadores que mantienen buen diálogo con la Casa Rosada— acompañaron al oficialismo. Moisés, incluso, protagonizó fuertes cruces posteriores con la camporista Anabel Fernández Sagasti.

Así, mientras el oficialismo intentará negociar con quienes ya le dieron señales de apoyo en el corto plazo, el bloque Justicialista buscará contener las fugas y sostener una posición unificada frente a una reforma que promete volver a tensionar el clima político cuando el Congreso retome la actividad.