Ahora sí, en nombre de la modernización laboral lo que propone explícitamente es aumentar la tasa de rentabilidad del sector empresarial, en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Sin ponerse colorados. La pregunta es ¿dónde están los artículos que favorecen la incorporación de trabajadores informales al mercado laboral registrado?, ¿y los que mejoran y garantizan derechos a los trabajadores de plataforma? Los grandes olvidados.

Mientras tanto las crisis en empresas y los despidos y suspensiones se han convertido en la antesala de esta reforma. Solo basta ver el mapa federal del cierre de empresas y de los conflictos laborales con plantas paralizadas, familias que quedan en la calle y salarios que no alcanzan porque el deterioro es la constante de estos últimos dos años. Y esto sucede a pesar de que el gobierno ya implementó una reforma laboral con la Ley Bases con resultados pésimos en materia de registración laboral y generación de más y mejor empleo.


Uno de los mayores problemas que enfrenta el mercado laboral argentino es la alta tasa de informalidad. El INDEC precisó que en el segundo trimestre del 2025 la informalidad fue del 43,2%. Y la reforma laboral que quiere imponer esta gestión no soluciona en absoluto el problema, como tampoco generará puestos de trabajo.

Pero sí tendrá un impacto negativo en los derechos sindicales de los trabajadores. Es cierto que podemos -y debemos- discutir muchas mejoras en el sistema sindical argentino, pero entendiendo que históricamente ha sido símbolo y acción de resistencia y de lucha frente a los intentos de precarización y en la defensa y garantía de los derechos colectivos de los trabajadores.

El proyecto que se discutirá a partir de febrero en el Senado limita el derecho a huelga, pone techo a las paritarias y debilita las negociaciones colectivas, entre otras modificaciones que, insisto, no presentarán ningún cambio positivo para los trabajadores.

Al modificar la dinámica de los convenios colectivos permitirá que las condiciones de trabajo se discutan por región o por empresa. Así debilitará la lucha colectiva al romperse el equilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores que históricamente intentó plasmarse en el derecho argentino, ante la evidente superioridad que tienen en general los empleadores por sobre los trabajadores.

También propone ampliar las ocupaciones consideradas “derechos esenciales”, lo que provocará una limitación al derecho de huelga. La propia OIT promueve el diálogo social y procesos colaborativos para regular los conflictos en estas áreas y asegurar servicios mínimos, protegiendo así el trabajo decente incluso en crisis. De eso nada; ni en el proyecto ni en las intenciones del gobierno y sus promotores.

Si a eso le sumamos que el proyecto elimina estatutos y leyes especiales que benefician a los trabajadores estamos ante la ecuación perfecta que al gobierno le cierra: quitar derechos a los trabajadores, anular la negociación colectiva y debilitar a las organizaciones sindicales. Adiós al derecho de desconexión conquistado para poder equilibrar la vida privada y laboral cuando hagas teletrabajo. ¿Eso es modernizar la legislación? La respuesta es no.

No rechazo la reforma laboral per se, pero descarto una que debilite a los sindicatos y que no contemple el empleo joven, la formación continua, la eliminación de la informalidad y los beneficios fiscales que alienten a las PYMES a contratar.

No lograremos mejorar el mercado laboral argentino sin tener en cuenta estos factores; sin políticas de crecimiento económico que promuevan la creación de trabajo y el fortalecimiento de la industria nacional. Parece una obviedad, pero de eso debería tratarse; de oportunidades que permitan el crecimiento y desarrollo de los trabajadores y de las empresas del país que generan riqueza y empleo de calidad.Por Carla Pitiot El Destape