El Gobierno Nacional salió al cruce de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció la existencia de un supuesto acuerdo político entre la administración central y el exministro Sergio Massa para garantizar impunidad a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia de "impunidad"
Carrió afirmó que el pacto tendría como objetivo frenar el avance judicial en la causa que investiga una mansión en Pilar y evitar que la Inspección General de Justicia (IGJ) nombre un veedor en la entidad madre del fútbol argentino. "La corrupción queda en manos de las mafias", sentenció la exdiputada, asegurando que su espacio político ha quedado "solo" en esta investigación.
A estas críticas se sumó el legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien denunció que la IGJ estaría omitiendo "ocho años de irregularidades por 450 millones de dólares" en los balances de la AFA. Del Gaiso fue más allá y exigió la renuncia de Alejandro Fabián Díaz, actual titular de la SIGEN, a su cargo en la Comisión Fiscalizadora de la AFA, alegando vínculos directos con el dirigente Pablo Toviggino.
La respuesta oficial: "Es falso"
Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente las acusaciones. El organismo aseguró que es "falso" que la IGJ haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la AFA o la Superliga.
Los puntos principales de la defensa oficial incluyen:
Sede en Pilar: La IGJ reiteró que no aprobó el traslado de la sede social a un inmueble en Pilar, calificando la maniobra de "irregular e ilegal".
Balances bajo la lupa: El organismo aclaró que aún no se han aprobado los estados contables de la AFA (2017-2024) ni de la Superliga (2020-2024).
Sin veedores por ahora: Explicaron que no corresponde la designación de veedores mientras se analizan las respuestas de los auditores, apelando al respeto del "debido proceso".
Próximos pasos
Se estima que la IGJ tardará entre una y dos semanas en completar el análisis técnico de la documentación y los balances que la AFA entregó recientemente. Solo tras este estudio, el titular del organismo, Daniel Vítolo, definirá si se toman medidas de intervención o si se mantienen las intimaciones vigentes.
Desde el entorno de Frigerio y otros sectores del oficialismo, insisten en que el proceso de "saneamiento profundo" del Estado no se detendrá, mientras que la Coalición Cívica mantiene la guardia alta ante lo que consideran un posible proceso de "limpieza" administrativa de las irregularidades del fútbol argentino.
