Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.

La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.

Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, mediante la comisión bicameral de previsión social.

También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.

El debate en el recinto

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

Detalles de la norma

De aprobarse, la Modernización Laboral redefinirá aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, introduce un nuevo criterio para calcular la “mejor remuneración” a efectos indemnizatorios: solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

En materia de créditos laborales, fija un esquema de actualización automático basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, un mecanismo que busca reemplazar la dispersión de fallos judiciales y dar previsibilidad al cálculo de deuda laboral.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%, según lo establece tanto la presentación oficial como el articulado del proyecto. El fondo será un patrimonio separado, inembargable e inajenable, administrado por entidades autorizadas y sin responsabilidad del Estado ante eventuales déficits.

La reforma también modifica la registración laboral, que quedará unificada y digitalizada bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente y ninguna autoridad podrá exigir trámites adicionales, contemplándose además la validez legal de los libros laborales digitalizados hasta por 10 años.

Otro eje es la delimitación precisa de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación. Con esto se busca reducir litigios por supuesta remuneratividad de conceptos que, desde ahora, quedan expresamente excluidos del salario.

En materia de jornada de trabajo, se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, acordados entre empleador y trabajador, permitiendo administrar picos de actividad sin necesidad de horas extras tradicionales. Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

La reforma avanza también sobre el régimen de licencias por enfermedad, reforzando las facultades de control médico del empleador y habilitando juntas médicas con nuevas reglas de funcionamiento para dirimir discrepancias sobre el diagnóstico.

Un componente central es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a mejorar la empleabilidad y la reconversión, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia. El proyecto incentiva programas de capacitación, tanto dentro de empresas como en entidades formativas, como parte de una estrategia para elevar la productividad.

En paralelo, crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, bajo el argumento de que más inversión derivará en más empleo registrado. También se incorpora una reducción de cargas sociales para nuevos empleos, lo que pretende facilitar la contratación en sectores con altos índices de informalidad.

El proyecto introduce además un criterio de prelación que fortalece los convenios colectivos de empresa: un convenio de empresa dentro de una provincia podrá prevalecer sobre el convenio nacional de la actividad, promoviendo —según el Gobierno— negociaciones más adaptadas a realidades productivas locales.

En conjunto, la Modernización Laboral representa un cambio profundo del sistema argentino de relaciones laborales, con el que el Gobierno busca —según afirma— actualizar prácticas, reducir litigios, promover el empleo y atraer inversiones. La clave política estará en su aprobación este miércoles, una votación que definirá si comienza o no una nueva etapa en el mercado laboral argentino.