Por el delito calificado como concusión (usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo), el Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga el accionar desplegado por tres policías (una de ellas femenina) durante un procedimiento efectuado el 11 de mayo de 2025, en perjuicio de un chofer de una aplicación y de la administración pública.

En representación de la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, fue el encargado de relatar las evidencias. Entre ellas, se destaca la geolocalización del móvil (por la zona del Parque Guillermina) y la grabación de seguridad de la app activada por el damnificado.

En el material se escuchan expresiones atribuibles al personal policial dirigidas a la víctima quien se encontraba con su pasajero: ¡Vos sabes que están presos los dos si yo quiero! ¡La hagamos cortita, con qué van a colaborar! ¡Yo tengo todos los datos tuyos, sabemos dónde vivís!

“Estas manifestaciones resultan relevantes por cuanto vinculan directamente la posibilidad de evitar la detención con una colaboración económica evidenciando el abuso de la función policial”, explicó el Auxiliar de Fiscal.

“Existen circunstancias objetivas que permiten inferir un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación por lo que debe tenerse en cuenta que los imputados son funcionarios policiales (un cabo y dos agentes transitorios) en actividad pertenecientes a la misma institución, desde la cual se originó el procedimiento investigado lo que les otorga una posición institucional que podría permitirles influir sobre eventuales testigos, acceder o interferir en documentación administrativa o generar algún tipo de presión o condicionamiento sobre la víctima”, añadió Lizarraga sobre los fundamentos para exigir las medidas de menor intensidad, por el plazo de seis meses.

Entre ellas, se fijó también la prohibición de acercamiento al damnificado y a su domicilio. Lo manifestado fue aceptado por el juez interviniente.

Abuso de poder

El 11 de mayo de 2025, a las 21:20 horas aproximadamente, en inmediaciones de avenida Alfredo Guzmán, margen del Canal Sur de esta ciudad capital, tres empleados policiales (una de ellas femenina), asignados al móvil oficial TUC 0721, actuando en forma conjunta y coordinada, prevaliéndose de su condición de funcionarios policiales y del poder coercitivo inherente a dicha función, interceptaron al masculino víctima, quien circulaba en una motocicleta prestando servicio mediante la aplicación Uber Moto, y le ordenaron que se dirigiera junto al pasajero hacia el interior del Parque Guillermina, a un sector con escasa iluminación y sin presencia de terceros.

Una vez allí, en ejercicio abusivo de su autoridad y sin formalizar procedimiento alguno ni disponer detención legal, lo intimidaron reiteradamente manifestándole que podía ser detenido y le expresaron: “Los dos van a ir presos”; le dijeron que podían “llevarlo preso” si así lo decidían; le indicaron que ya tenían sus datos y que sabían dónde vivía; y finalmente le dijeron: “Fíjate, la hagamos cortita, con qué vas a colaborar… te damos una mano, sino vas a ir preso”, vinculando de manera directa la posibilidad de evitar una detención con una “colaboración” económica.

Seguidamente, revisaron su persona y pertenencias, y en ese contexto se apoderaron de la suma aproximada de $200.000 que se encontraba en su billetera, dinero que fue exigido como condición para no materializar la amenaza de detención y para justificar el procedimiento.

Posteriormente le devolvieron la documentación personal y lo obligaron a retirarse del lugar, cubriendo la identificación dominial del móvil policial./MPF