El escenario político tucumano sumó un capítulo de alta tensión judicial. El gobernador Osvaldo Jaldo presentó una demanda contra la diputada nacional Soledad Molinuevo, luego de que esta lo acusara públicamente de haber enviado a un empleado para agredir al diputado Federico Pelli.

La presentación judicial, a cargo de la abogada Paula Morales Soria ante el juez Pedro Daniel Cagna, surge como respuesta a una serie de publicaciones en redes sociales (X, Facebook e Instagram) y declaraciones mediáticas donde la legisladora vinculó directamente al mandatario con el ataque perpetrado por Marcelo Segura.

"Daño institucional gravísimo"

El escrito presentado por la defensa de Jaldo subraya que las acusaciones de Molinuevo no solo afectan el honor personal del gobernador, sino que golpean la investidura del Poder Ejecutivo.

"Se instala en la opinión pública la sospecha de que el poder estatal podría ser utilizado como instrumento de violencia, lo cual resulta institucionalmente gravísimo", sostiene la demanda.

Desde el entorno del mandatario aseguran que se trata de una "construcción deliberada de un escenario de imputación preventiva" que busca generar un daño político y personal de gran magnitud, afectando la confianza en las instituciones democráticas.

El Petitorio: Retractación y sanciones

La demanda solicita una medida autosatisfactiva urgente que incluye los siguientes puntos: Eliminación inmediata de todas las publicaciones agraviantes en redes sociales, disculpas públicas de la diputada Molinuevo y retractación formal en los mismos medios de comunicación donde se difundieron las acusaciones y  aplicación de astreintes (sanciones económicas diarias) en caso de que la legisladora se niegue a cumplir con lo ordenado por la justicia.

Contexto de polarización

Mientras la justicia debe resolver el cese de las publicaciones, Jaldo ha desmentido enérgicamente las versiones y manifestó su total disposición para colaborar en la investigación de la agresión original contra Pelli. Este conflicto judicial eleva la temperatura en Tucumán, en un clima de fuerte polarización donde la resolución del juez Cagna será observada de cerca por todo el arco político.