En un fallo que sienta un precedente importante para la defensa de los usuarios en la provincia, la Dirección de Comercio Interior (DCI) aplicó una multa superior a los 8,5 millones de pesos contra la empresa Tarjeta Naranja S.A.U. La medida responde a la desprotección sufrida por un vecino de la ciudad de Concepción ante cargos fraudulentos en su resumen.

El origen del reclamo

El denunciante, Carlos Antonio Díaz, un comerciante dedicado a la venta de carbón domiciliado en el Barrio Municipal de Concepción, detectó en su tarjeta de crédito una serie de compras que nunca había realizado ni autorizado. Tras intentar resolver el conflicto sin éxito con la entidad, recurrió al organismo provincial dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.

"Indiferencia total" de la empresa

Lo que agravó la situación y derivó en el abultado monto de la multa fue la conducta procesal de la compañía durante la investigación. Según detalló el director de la DCI, Manuel Canto, la empresa mostró una "falta total de compromiso":

No presentó descargo formal ante la denuncia.

No aportó pruebas que justificaran los cobros.

 Se ausentó de la audiencia de conciliación, ignorando el reclamo del usuario.

Defensa del consumidor como política de Estado

El funcionario explicó que la sanción se encuadra en la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor. Canto fue enfático al señalar que en la provincia no se tolerará la indiferencia de las grandes empresas hacia los ciudadanos.

"Proteger al usuario es proteger a todos los tucumanos. Detrás de cada expediente hay una familia", afirmó Canto, subrayando que incluso los comerciantes, al terminar su jornada laboral, son consumidores que merecen el respaldo de la ley ante abusos financieros.

Con este fallo, la autoridad de aplicación busca enviar un mensaje claro a las prestatarias de servicios: el incumplimiento de los deberes de información y trato digno tiene consecuencias económicas directas.