El 25 de mayo de 1938 los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país reunidos en Córdoba aprobaron el proyecto de lo que años más tarde, el 25 de marzo de 1944 se sancionaría por decreto como el Estatuto del Periodista Profesional. Dos años después, el Congreso de la Nación sancionó la ley 12.908, que a lo largo de los años tuvo múltiples modificaciones.

En su larga historia, el Estatuto del Periodista y el del Empleado Administrativo son el resultado del debate y la construcción colectiva y transversal de todos los sectores del periodismo y de la política: quien primero lo impulsó fue el periodista y diputado radical Víctor Guillot, lo promovieron los socialistas, lo sancionó Perón y lo promulgó como ley el Congreso de la Nación, aunque luego tuvo transformaciones, como la incorporación de la radio y la televisión o, durante el gobierno de Arturo Illia, cuando se introdujo la indemnización especial como una protección del empleo para garantizar la libertad de expresión.

En la llamada “ley de modernización laboral”, el gobierno de Milei introdujo la derogación completa de la ley 12.908, lo que se contrapone de cuajo con cualquier propósito renovador. Pero un sector de legisladores y legisladoras propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para dar espacio a un debate serio sobre la norma.

Desde los sindicatos de prensa de todo el país expresaron su rechazo a esa derogación, así como también a una prórroga sobre la base de una derogación posterior, pero en todo momento sostuvimos nuestra plena voluntad a realizar propuestas tendientes a actualizar el Estatuto del Periodista, sobre la base de la plena vigencia de los derechos que establece, incorporando las nuevas prácticas y soportes de la comunicación.

Es por eso que los distintos referentes gremiales están trabajando en una propuesta integral que contenga aquellos derechos como piso y que incorpore otros nuevos -teletrabajo, inteligencia artificial, plataformas, entre otros-, con el mismo objetivo que el Estatuto tuvo siempre: garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de quienes ejercemos el periodismo, sobre la base de defender el empleo y las condiciones laborales.

Con esa propuesta, las organizaciones sindicales se comprometen a promover un debate profundo con cada sector de la comunicación y con todos los bloques parlamentarios, para defender esa historia de consensos y no darle la espalda a los que son derechos humanos fundamentales en democracia, como la información y la comunicación.

A la espera de que todos los legisladores y legisladoras nacionales, particularmente quienes propusieron esta prórroga para actualizar el Estatuto del Periodista, hagan honor a su palabra y propongan un debate profundo con la intención de poner a resguardo todos los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de prensa.