El diputado nacional de La Libertad Avanza, Mariano Campero, rompió el silencio tras las acusaciones que lo señalan como beneficiario de créditos hipotecarios preferenciales otorgados por el Banco Nación (BNA). A través de sus redes sociales, el exintendente de Yerba Buena desmintió categóricamente haber recibido favores políticos y definió la información difundida como "maliciosa" y orientada a desinformar.

Los 5 puntos clave del descargo

Campero estructuró su defensa en cinco ejes centrales para desligarse de las sospechas de corrupción o tráfico de influencias:

Transparencia de datos: Afirmó que toda la documentación sobre su crédito es pública y verificable, negando cualquier tipo de maniobra oculta.

Crédito vs. Privilegio: Sostuvo que un préstamo hipotecario es una deuda a largo plazo (20 o 30 años) que requiere esfuerzo y no debe confundirse con un beneficio político. "Es una deuda para darle una casa a mi familia", señaló.

Cifras y plazos: Aclaró que tomó un crédito en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) en mayo del año pasado por $275 millones para su primera vivienda en Yerba Buena. Debido a la inflación, la deuda actual asciende a $322 millones.

Cuestión de tiempos: Desmintió que el otorgamiento del dinero estuviera vinculado a votaciones en el Congreso, explicando que estos trámites (tasación y aprobación) inician casi un año antes de la entrega del capital.

Críticas al peronismo: Apuntó contra sectores de la oposición por alimentar la polémica y recordó que su patrimonio siempre ha estado bajo el régimen de declaraciones juradas obligatorias.

El origen de la polémica

 La controversia estalló tras la difusión de datos del sitio web "¿Cuánto deben?", que cruza información pública del Banco Central (BCRA). A raíz de esto, legisladores de la oposición solicitaron investigar si existieron irregularidades o condiciones diferenciales para funcionarios de la actual gestión.

Aunque el Banco Nación emitió un comunicado asegurando que los procesos son "homogéneos y sin excepciones", la polémica persiste debido a la existencia de una línea específica para empleados públicos que contaría con beneficios que no alcanzan a los clientes regulares.

Otros nombres en la lista

 Además de Campero, la nómina de funcionarios y legisladores bajo la lupa incluye a:

 Juan Pablo Carreira ("Juan Doe"): Director de Comunicación Digital (crédito por aprox. $112 millones).

 Emiliano Mongilardi: Director de YPF (crédito por aprox. $309 millones).

 Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde: Diputados de LLA.

El caso ha reavivado el debate sobre el acceso al crédito hipotecario en Argentina y la ética en el uso de la banca pública por parte de quienes ocupan cargos de decisión en el Estado.