Su abogado defensor, Ernesto Baaclini, argumentó que el imputado sufre de hipertensión y ha tenido varios episodios de descompensación en el penal, donde la atención médica no es adecuada. En este contexto, solicitó que la prisión preventiva fuera reemplazada por arresto domiciliario, con una pulsera electrónica si fuera necesario.

Según el defensor, la salud de Segura podría empeorar si no se toma en cuenta su situación médica.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la auxiliar Gabriela Ghilardi, no se opuso al arresto domiciliario, pero pidió que la esposa de Segura fuera responsable de su cuidado y que, mientras no se colocara la tobillera electrónica, la casa del imputado tuviera custodia policial permanente.

La querella, representada por Juan Colombres Garmendia, se opuso al pedido, argumentando que los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva seguían vigentes.

El diputado Federico Pelli, víctima de la agresión de Segura, también se expresó en contra de cualquier beneficio para el imputado. Pelli relató que la agresión sufrida sigue teniendo graves consecuencias en su salud, destacando que, a pesar de una intervención quirúrgica en su nariz, sigue padeciendo secuelas como dificultad para respirar y dolores de cabeza. Además, anunció que necesitará una nueva intervención quirúrgica debido a sus problemas respiratorios.

El juez Raúl Robín Márquez, tras analizar los argumentos, decidió hacer lugar a la solicitud de la defensa, otorgando el arresto domiciliario por un período de cuatro meses. De este modo, Segura llegó a estar poco menos de un mes en la prisión de Benjamín Paz.

La decisión se basó en las certificaciones médicas que respaldan la grave condición de salud de Segura, quienes han señalado que el entorno carcelario no es adecuado para su tratamiento.

El magistrado también consideró que la solicitud de la defensa, que presentó un domicilio adecuado para cumplir con la medida, neutralizaba el riesgo de fuga. A pesar de la oposición de la querella, que señaló que los riesgos procesales no se habían desvanecido, el juez destacó que el arresto domiciliario es una medida proporcional y adecuada para garantizar la salud del imputado sin obstaculizar el curso del proceso judicial.

Además, se establecieron medidas de control como el uso de un dispositivo de rastreo electrónico y la supervisión constante de la persona responsable del cumplimiento de la medida. Con esta resolución, el juez busca equilibrar el derecho a la salud de Segura con la necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso judicial, garantizando, a su vez, la correcta supervisión de la medida dispuesta./Bajo la Lupa