El Gobierno consiguió un respiro en la Justicia después de una serie de fallos contra la reforma laboral. La jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Macarena Marra Giménez, hizo lugar este viernes a una inhibitoria planteada por el Estado y declaró competente a ese fuero para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley hechos por la Confederación General del Trabajo (CGT). Para la central, esos planteos deben tratarse en el fuero laboral, el especializado en la materia.

La disputa en torno a cuál fuero debería tratar los planteos de inconstitucionalidad de la reforma laboral no es un tema menor. La CGT cuestiona el artículo 79 de la ley que dispone la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Para la central obrera el fuero competente es la Justicia Nacional del Trabajo. El argumento es razonable. Es el fuero especializado en la temática con décadas de funcionamiento.

El artículo de la controversia, que fue incluído sobre la hora en la reforma laboral, establece que en los casos que "sea parte o tercero interesado el Estado nacional –Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público-, serán competentes el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en las demás jurisdicciones, la Justicia Federal con competencia en lo contencioso administrativo. En ningún caso la Justicia Nacional del Trabajo podrá expedirse en las causas aquí comprendidas".

El planteo de la CGT apunta a que todo conflicto en el marco de la legislación laboral debe ser resuelta por la Justicia Laboral. En tanto que el Gobierno, para proteger su reforma, introdujo un cambio en las competencias de esos juzgados. Para la jueza Marra Giménez el argumento de la CGT no es válido. Como la demanda está dirigida hacia el Poder Ejecutivo Nacional, debe tratarse en el fuero que trata las causas contra el Estado nacional, habilitando así que los jueces cuya competencia es cuestionada por la central obrera puedan resolver sobre ese mismo cuestionamiento.

"Tales circunstancias determinan que para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas del derecho público administrativo (art. 116 de la C.N., art. 2, inc. 6) de la Ley 48, art. 111, inc. 5) de la Ley N°1893 y art. 45, inc. a) de la Ley Nº13.998", explica", explica Marra Giménez en el fallo.

Este revés era esperable pero, aseguran, no enturbia la estrategia judicial de la central obrera. En paralelo, sigue en marcha la otra presentación judicial hecha en la justicia laboral, que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.

Más allá de la discusión jurídica, hay un trasfondo político. El Gobierno considera a la Justicia Nacional del Trabajo como un fuero tendencioso a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios. Por eso, a último momento, metió en el tratamiento de la reforma laboral el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un distrito, en principio, más amigable con los interés empresarios.

De hecho, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) viene resistiendo el traspaso a la Ciudad. Tanto para el sindicato como para la CGT significaría el fin del fuero laboral y una mayor desprotección para los trabajadores. Según la reforma laboral, ese traspaso debería concretarse a los 180 días de la sanción de la ley. Todavía está no claro si el Gobierno logrará concretarlo en ese tiempo.