El ajuste sobre la salud: caos, represión y abandono en la sede del PAMI Tucumán
La sede del PAMI en Tucumán se convirtió esta mañana en el escenario de una postal tan triste como previsible: jubilados desesperados, médicos en pie de lucha y un despliegue policial que terminó en incidentes. El conflicto estalló en la esquina de Córdoba y Salta, donde cientos de adultos mayores se toparon con las puertas cerradas de la atención médica debido a un paro de 72 horas. La medida, que afecta a unos 300 profesionales de cabecera, no es un capricho gremial, sino la respuesta directa a una resolución oficial que liquida los honorarios profesionales a través de un recorte salvaje en el sistema de cápitas.
Lo que comenzó como un reclamo legítimo por el derecho básico a la salud derivó en momentos de extrema tensión cuando los afiliados, cansados de la desidia administrativa, intentaron ingresar al edificio para exigir respuestas. La respuesta del Estado, lejos de la contención que amerita una población vulnerable, fue el choque físico. El desorden terminó con un efectivo policial herido y denuncias cruzadas de agresiones, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: una gestión nacional que parece entender la eficiencia fiscal únicamente como el recorte sistemático sobre quienes menos tienen para defenderse.
La política de "motosierra" que pregona el Gobierno de Javier Milei ha encontrado en el PAMI un blanco predilecto, desfinanciando a los prestadores y empujando a los jubilados a un laberinto burocrático donde los turnos no existen y los remedios se vuelven lujos. Al ajustar los ingresos de los médicos de cabecera por debajo de la línea de flotación, la administración central garantiza el colapso del servicio, utilizando a los profesionales como chivos expiatorios de una crisis diseñada en los despachos porteños. Para el jubilado tucumano, la libertad prometida se parece demasiado al abandono en la puerta de un consultorio cerrado.
Resulta cínico que, mientras desde la Capital Federal se celebran superávits financieros, en las provincias los ancianos deban marchar bajo el sol para mendigar una receta o una interconsulta. Los incidentes de hoy son el síntoma de una sociedad que está llegando al límite de su paciencia; no se puede exigir orden social cuando se rompe el contrato más básico de protección hacia la tercera edad. La violencia física que se vio en la sede de calle Córdoba es solo el reflejo de la violencia institucional que implica quitarle el médico a quien trabajó toda su vida para tener una vejez digna.
Hacia el mediodía, la Infantería logró despejar la zona y la atención administrativa intentó retomar una normalidad inexistente, pero el daño ya está hecho. El paro médico continúa y, con él, la incertidumbre de miles de tucumanos que hoy regresaron a sus casas sin la medicación o el tratamiento que necesitan para seguir viviendo. El Gobierno nacional deberá decidir si su prioridad es seguir exhibiendo planillas de Excel impecables o si, por una vez, pondrá la mirada en la realidad humana de una provincia que ya no soporta más el peso de un ajuste inhumano.
