Mientras el presidente Javier Milei insistía a los gritos ante el círculo rojo de AmCham que la "motosierra" no se detiene, la realidad en la Cámara Alta comenzó a transitar un camino opuesto. La vicepresidenta Victoria Villarruel impulsó una recomposición salarial estratégica para la planta del Senado, desmarcándose de la orden directa del Ejecutivo de congelar los ingresos en el sector público. La medida, oficializada a través de la Dirección General de Recursos Humanos, establece un adicional por módulos que beneficia a las categorías más altas del escalafón, marcando una nueva diferencia de criterios con la Casa Rosada en plena aceleración inflacionaria.

El argumento esgrimido por la titular del Senado se centra en corregir el "aplanamiento" de la pirámide salarial, un fenómeno que, según la resolución, licuó los ingresos de los cargos jerárquicos en comparación con las categorías inferiores. Sin embargo, la implementación del beneficio profundiza la brecha interna: mientras que un empleado de la categoría más alta percibirá un incremento bruto superior a los $923.000, los escalafones más bajos apenas verán un ajuste de $34.000. Esta lógica de "recomponer desde arriba" choca de frente con el relato oficial de austeridad y equidad que el Gobierno intenta sostener ante una sociedad asfixiada por el ajuste.

La decisión de Villarruel no solo generó ruido en el Poder Ejecutivo, sino que provocó un quiebre inmediato con la Cámara de Diputados. Martín Menem, alineado estrictamente con el Ministerio de Economía, se negó a replicar la medida en su territorio, asegurando que cualquier aumento no habilitado por Hacienda queda fuera de la lógica oficial. En los pasillos de la Cámara Baja, el malestar es palpable; los colaboradores de Menem no ocultaron su rechazo a la iniciativa de la Vicepresidenta, criticando abiertamente el criterio de otorgar mayores beneficios a quienes ya ostentan los salarios más elevados del Congreso.

El conflicto salarial en el Palacio Legislativo se da en un contexto de desplome del poder adquisitivo que los propios trabajadores denuncian mes a mes. Según datos del sector, desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el desfasaje entre la inflación acumulada y las actualizaciones paritarias ha generado una pérdida real del 44,87% en los salarios legislativos. Para equiparar el costo de vida registrado hasta este marzo de 2026, los sueldos deberían subir más de un 80%, una cifra que parece inalcanzable bajo el dogma fiscalista de Milei, salvo para los sectores jerárquicos que Villarruel decidió proteger.

En definitiva, este nuevo movimiento de la Vicepresidenta expone una gestión que se mueve con autonomía política y que no teme pagar el costo de contradecir el discurso presidencial cuando se trata de consolidar su propio poder territorial en el Senado. Mientras el grueso de la administración pública nacional enfrenta despidos y salarios pisados, la Cámara Alta se convierte en un oasis de recomposición para los mandos medios y altos. Esta dualidad no hace más que alimentar la incertidumbre sobre la cohesión de un oficialismo que predica sacrificios para la mayoría, pero que permite excepciones selectivas en la cima de la estructura estatal.