El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe pormenorizado de la aerolínea Latam que confirma que el funcionario se trasladó a la isla caribeña de Aruba para recibir el año 2025 junto a su esposa y sus dos hijos. Los registros migratorios y comerciales detallan un itinerario de lujo que incluyó plazas en primera clase y escalas en Perú y Ecuador, un estándar de consumo que contrasta drásticamente con la austeridad que el Ejecutivo nacional predica para el resto de la ciudadanía.

Uno de los puntos que mayor suspicacia generó en los tribunales de Comodoro Py es la modalidad de pago de los pasajes aéreos. Según la información incorporada a la causa, el gasto total de 5.800 dólares —unos 1.450 dólares por cada integrante de la familia— fue cancelado íntegramente en moneda extranjera y en efectivo. Para la fiscalía, el uso de divisas físicas para transacciones de este calibre representa una señal de alerta sobre la trazabilidad de los fondos, especialmente cuando se intenta determinar si los gastos de vida del ministro coordinador guardan proporción con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

El avance de la instrucción judicial no se detiene en los tickets de avión, sino que ahora apunta a desmenuzar el costo total de la estadía en la paradisíaca isla. Fuentes cercanas al caso indicaron que se están librando exhortos para identificar el complejo hotelero donde se alojó la familia y los consumos realizados durante los doce días que duró el viaje. Esta medida se complementa con la decisión del juez Ariel Lijo, quien ya autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, permitiendo a los peritos contables acceder al detalle de cada movimiento de sus tarjetas de crédito.

Este nuevo frente de conflicto se suma a las ya cuestionadas explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito, presuntamente financiado por préstamos de personas jubiladas. La acumulación de viajes internacionales, inversiones inmobiliarias y gastos suntuarios en efectivo configura un cuadro patrimonial complejo para el funcionario más cercano a Javier Milei. Mientras el Gobierno nacional justifica cada recorte en áreas sensibles como la salud o la educación bajo el lema de que "no hay plata", la Justicia intenta descifrar de dónde provienen los dólares que financiaron el brindis de Año Nuevo de su principal vocero en el Caribe.

La resolución de esta causa será un termómetro clave para la credibilidad del discurso oficialista sobre la transparencia y la lucha contra los privilegios de la "casta". El fiscal Pollicita busca determinar si existe una simulación de ingresos o si el patrimonio de Adorni ha experimentado un salto cualitativo injustificable desde su llegada al poder. Por ahora, el "relato" de la gestión libertaria queda contra las cuerdas ante la evidencia de los hechos: mientras se le pide un sacrificio histórico al pueblo argentino, la cima del Gabinete nacional parece disfrutar de un estándar de vida que muy pocos pueden documentar con claridad ante la ley.