La denuncia grafica esta desigualdad con un caso testigo que encendió las alarmas en el sector público: un trabajador del PAMI con uno de los sueldos más altos de la administración pública, superior a los 2 millones de pesos, solo fue calificado para un préstamo de 55 millones. En contraste, ATE asegura que a diversos funcionarios de la actual gestión se les han otorgado montos que superan los 420 millones de pesos, facilitando su acceso a viviendas en barrios privados.

Para Aguiar, esta diferencia de casi 400 millones de pesos no es casual, sino que responde a una lógica de privilegios para el sector oficialista. Mientras los funcionarios acceden a propiedades de lujo, el gremio denuncia que el sistema financiero bloquea a los trabajadores estatales en cuestión de segundos. Muchos empleados reportaron haber recibido el rechazo a sus solicitudes apenas un minuto después de iniciar el trámite online.

El principal obstáculo que encuentran los estatales es la inestabilidad contractual, un factor que el sistema utiliza para declarar a los solicitantes como "no aptos" de manera casi inmediata. Además, el gremio señala que las exigencias son desiguales: a los trabajadores de base se les auditan minuciosamente deudas de tarjetas y servicios, mientras que a legisladores y funcionarios del oficialismo se les habrían flexibilizado los filtros crediticios.

La situación ya ha derivado en la presentación de la primera causa penal contra funcionarios por presuntas irregularidades en el otorgamiento de estas líneas hipotecarias. Según ATE, se está jugando con una de las necesidades más sensibles de la población, transformando una política pública de vivienda en un beneficio exclusivo para la nueva cúpula política, dejando al trabajador promedio con ofertas insuficientes para el mercado inmobiliario actual.

"Los estatales no pedimos casas lujosas en barrios privados, simplemente una vivienda digna", disparó Aguiar al cierre de su presentación. El gremio se mantiene en estado de alerta y no descarta nuevas medidas de fuerza, denunciando que este esquema de créditos solo profundiza la precariedad de miles de familias que ven cómo el sueño de la casa propia se vuelve un privilegio de pocos.