Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el responsable de las obras en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá aseguró que Adorni abonó un total de u$s245.000 en efectivo y sin factura por una remodelación integral del inmueble. Según el testimonio, los pagos se realizaron en dos etapas entre 2024 y 2025, incluyendo no solo las reformas estructurales, sino también la adquisición de mobiliario completo.

El relato de Tabar ante la Justicia fue sumamente detallado, aportando pruebas que podrían comprometer la situación patrimonial del funcionario. El contratista entregó una carpeta con fotografías del "antes y después" de la casa, facturas de compras de materiales y la nómina del personal que trabajó en la obra durante 10 meses. Además, en un gesto de colaboración poco frecuente, Tabar dejó su teléfono celular y la clave de acceso a disposición de la fiscalía para que se periten las comunicaciones que mantuvo con el jefe de Gabinete durante el tiempo que duró el proyecto en Exaltación de la Cruz.

Uno de los puntos más llamativos de la declaración fue el nivel de gastos periféricos que rodeó la obra. Mientras se realizaban las reformas en los pisos, baños, cocina, quincho y pileta, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo barrio privado por un valor de u$s13.000. Este dato, sumado al pago en moneda extranjera y en efectivo, refuerza la hipótesis de la fiscalía sobre una posible inconsistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su ritmo de vida, en una causa que ya investiga otras adquisiciones inmobiliarias previas.

Por su parte, Manuel Adorni intentó bajarle el tono a la polémica en su vuelta a la sala de prensa de la Casa Rosada. Tras diez días de silencio, el vocero evitó dar precisiones sobre la cifra revelada por el contratista y se limitó a señalar que ya brindó explicaciones ante la Cámara de Diputados. "Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré", afirmó, tras asegurar que cumplió con la Ley de Ética Pública y que el detalle de sus bienes se verá reflejado cuando venza el plazo para presentar su última declaración jurada patrimonial.

La defensa del jefe de Gabinete insiste en que sus viajes familiares y gastos personales han sido costeados con fondos propios y que no existen "obsequios de terceros" ni financiamiento estatal detrás de sus movimientos. Sin embargo, la presión judicial no cede. Para este miércoles está prevista la declaración de Leandro Miano, quien actuó como nexo en la compra-venta de un departamento en el barrio porteño de Caballito, otra de las operaciones que la Justicia tiene bajo la lupa por la supuesta intervención de jubiladas prestamistas vinculadas al entorno del funcionario.

El contexto político no ayuda al Gobierno, que enfrenta simultáneamente denuncias contra Luis Caputo y Demian Reidel por supuestos gastos de lujo con fondos públicos. La aparición de un testimonio directo como el de Tabar, que describe pagos de cientos de miles de dólares "en mano", golpea el discurso de austeridad que la gestión de Javier Milei intenta proyectar. Para la opinión pública, la imagen de un funcionario de alto rango manejando sumas millonarias en efectivo dentro de un country de lujo genera un ruido difícil de disipar solo con conferencias de prensa.

De cara a las próximas semanas, el peritaje del celular del contratista y las declaraciones de los nuevos testigos serán determinantes para definir si el fiscal Pollicita solicita medidas más drásticas. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos en redes sociales se ha transformado en una causa judicial con pruebas documentales y testimoniales que amenazan la estabilidad del jefe de Gabinete.