Sin embargo, la realidad en el Congreso muestra un escenario de estancamiento. A pesar de las expectativas libertarias, el Poder Legislativo ha entrado en una fase de inactividad donde la mayoría de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo permanecen paralizadas en comisiones, sin sesiones a la vista ni consensos claros con las fuerzas aliadas del PRO y la UCR.

Actualmente, el único proyecto que ha logrado dictamen de comisión es la denominada "Ley Hojarasca", impulsada por Federico Sturzenegger. Esta iniciativa busca derogar cerca de 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o excesivamente declarativas, como la "Ley del Lobizón" o el "carnet de mochilero". Fuera de este avance técnico, el oficialismo se encuentra empantanado en temas de mayor peso político, como la reforma electoral que propone eliminar las PASO, una medida que por tercera vez choca contra la resistencia de sus socios principales, quienes prefieren alternativas menos drásticas.

En la Cámara de Diputados, la energía oficialista se concentra ahora en destrabar la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP). Se trata de un compromiso asumido con Estados Unidos que el Gobierno pretendía tener listo antes de mayo, pero que ha encontrado fuertes demoras debido a la presión del lobby farmacéutico. Mientras tanto, otros temas de alta sensibilidad social, como el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, permanecen bloqueados. Las versiones libertarias de estas leyes, más enfocadas en el equilibrio fiscal que en las demandas de los sectores afectados, carecen hoy de los votos necesarios para prosperar.

El conflicto por la Ley de Discapacidad es particularmente ilustrativo de la fragilidad de las alianzas gubernamentales. Diversos colectivos del sector, apoyados por figuras públicas, han logrado compromisos de legisladores clave para frenar la reforma libertaria en el Senado. Entre los nombres que han mostrado reparos destacan figuras cercanas al oficialismo, como el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, y la senadora tucumana Beatriz Ávila. Este distanciamiento de los aliados tradicionales sugiere que, ante la caída del Gobierno en las encuestas, el acompañamiento "a libro cerrado" ya no es una garantía.

Por otro lado, el Senado ha puesto en pausa el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este proyecto, que impacta directamente sobre la Ley de Tierras y los procesos de desalojo, generó dudas incluso en los bloques más dialoguistas por sus implicancias en la venta de tierras a extranjeros y la regulación de barrios populares. Ante la falta de acuerdos, la Cámara Alta ha decidido priorizar el tratamiento de las decenas de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, delegando la discusión de fondo para un momento de mayor estabilidad política.

A esta parálisis legislativa se suma el persistente "ruido" mediático y judicial que rodea a las figuras centrales del Gabinete. En su regreso a las conferencias de prensa, Adorni no logró torcer el rumbo de la agenda hacia anuncios de gestión; por el contrario, volvió a ser interpelado por las inconsistencias en sus declaraciones juradas. Esta situación debilita la posición de los negociadores libertarios en el Congreso, quienes encuentran cada vez más dificultades para convencer a una oposición que se siente fortalecida ante el desgaste del discurso oficial de ejemplaridad.

El horizonte parlamentario para el oficialismo se presenta, por tanto, sumamente complejo. Sin mayorías propias y con una agenda que duerme el "sueño de los justos", la Casa Rosada enfrenta el desafío de decidir si mantiene su postura de confrontación o si cede en el contenido de sus leyes para lograr algún triunfo legislativo antes de que termine el semestre.