En una audiencia celebrada este martes, el Ministerio Fiscal logró la condena de Alejandro Horacio Ruiz (24) por el fatal accidente ocurrido en la ruta provincial 338, a la altura del kilómetro 5. El imputado reconoció su culpabilidad en el hecho que cobró la vida de dos personas y dejó a una tercera con lesiones de gravedad.

Durante la audiencia de juicio abreviado, se ratificó el trabajo realizado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, bajo la dirección del Fiscal Pedro León Gallo.

En la gestión de la causa y la presentación de las evidencias clave, tuvo un rol destacado la auxiliar de fiscal María José Agüero quien, junto al equipo de la fiscalía, reconstruyó la mecánica de un siniestro marcado por la imprudencia al volante.

Celular y exceso de velocidad

El fatal episodio se remonta al 27 de febrero de 2025. Ruiz conducía un Ford Fiesta trasladando a tres pasajeros que regresaban de un turno médico.

Según la declaración de la sobreviviente, el joven circulaba a alta velocidad y manipulaba su teléfono celular al momento de enfrentar una curva. La investigación de la fiscalía determinó que Ruiz realizó un movimiento curvilíneo excediendo los límites de velocidad, lo que provocó que el auto derrapara y cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 66 años falleció el mismo día por traumatismos múltiples, el esposo falleció días después, el 2 de marzo, debido a la gravedad de sus lesiones y la hija de la pareja de ancianos sufrió múltiples fracturas costales, de omóplato y de vértebras, lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La condena

Bajo la supervisión del fiscal y con la conformidad de la familia de las víctimas, se acordó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.

Además, el Ministerio Fiscal impuso estrictas reglas de conducta por el plazo de tres años, que incluyen: realizar un curso de educación y seguridad vial, prohibición de acercamiento a la víctima sobreviviente y su grupo familiar, un pago de $300.000 a la familia de las víctimas en concepto de reparación./MPF