El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, el investigador fiscal avanzó con el control de la aprehensión, efectivizada el viernes 8 de mayo de 2026, a horas 12:50 aproximadamente, por personal de la División de Delitos Telemáticos, en sucursal del banco Macro de avenida Alem y calle Combate de Las Piedras, del barrio La Ciudadela de San Miguel de Tucumán, relatando la dinámica de la medida, solicitando se declare legal y legítima la aprehensión de la acusada.

La acusación pública calificó el ilícito como defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito (ocurrido entre el mes de enero y los primeros días de marzo del año 2026); estafa (ocurrido el día 08 de abril de 2026) y estafa en grado de tentativa por no haber tenido efectiva disposición de los fondos (por el hecho de fecha 08 de mayo de 2026), todos en concurso real, en calidad de presunta autora, todos en perjuicio de la víctima.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la imputada, al considerar acreditadas con el grado de probabilidad suficiente, la existencia del hecho y la participación de la encausada en el hecho, fundamentando el pedido en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, solicitando la prisión preventiva por el término de 45 días.

Por su parte, la jueza interviniente hizo lugar parcialmente al pedido de imposición de medidas de coerción requerido por parte de la acusación pública, ordenando la prisión preventiva de la acusada hasta el próximo 18 de mayo. Se dispuso su alojamiento en instalaciones del Servicio Penitenciario de la Provincia.

La acusación

A continuación, el representante del Ministerio Fiscal formuló cargos relatando los hechos intimados. En ese sentido, explicó que de acuerdo a la investigación, entre enero y los primeros días de marzo de 2026, la acusada, S.R.V., halló documentación extraviada por la víctima, consistente en su Documento Nacional de Identidad y su tarjeta de crédito, y aprovechando esta circunstancia, utilizó sus datos desde el 4 de marzo hasta el 27 de abril de 2026 y realizó múltiples operaciones y consumos con la tarjeta de crédito no autorizados por la titular, generando una deuda total aproximada, por diferentes compras, de $3.234.659, ocasionando con su accionar un perjuicio patrimonial a lac damnificada.

En tanto, el 8 de abril de 2026, conservando aún el DNI extraviado, S.R.V. se dirigió por la mañana al banco Macro, sucursal ubicada en avenida Alem y calle Las Piedras de la ciudad capital y, habiendo engañando a las empleadas bancarias de las cajas humanas de la entidad sobre su verdadera identidad, exhibió el documento de la víctima y fingiendo ser ella extrajo dinero desde su cuenta bancaria sin su autorización, logrando que le entregaran la suma de $2.084.300, provocando de esta manera un perjuicio económico directo sobre la víctima.

A continuación, el 8 de mayo de 2026, conservando aún el DNI extraviado, la acusada se dirigió a las 11:30 horas aproximadamente al banco Macro, sucursal ubicada en avenida Alem y calle Las Piedras de la ciudad capital y, nuevamente haciéndose pasar por la imputada y exhibiendo su DNI, logró engañar a un cajero humano sobre su verdadera identidad, y extrajo la suma de $100.000 desde la cuenta de la víctima, sin su debida autorización, provocando de esta manera un perjuicio económico directo sobre la misma.

Inmediatamente, ante las advertencias del empleado de seguridad del banco, quien identificó a acusada, como quien ya había concurrido en abril del año en curso a realizar una acción similar, el cajero logró determinar la falta de coincidencia entre los datos biométricos y firmas, dando inmediato aviso a la Policía, quienes arribaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la mujer./MPF