Este lunes 11 de mayo se realizó una audiencia de control de la legalidad de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra Franco Esteban Aguilar (29), acusado de haber intentado robarle el celular a una mujer embarazada dentro de un colectivo en Las Talitas.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Susana Cordisco.

Durante la audiencia intervino la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano, quien le atribuyó al imputado el delito de robo en grado de tentativa en calidad de autor. Según la acusación, el hecho ocurrió ayer domingo 10 de mayo, alrededor de las 07:00 de la mañana, cuando una joven viajaba como pasajera en un colectivo de la línea 103.

Al llegar a la intersección de calle Gobernador Gutiérrez y avenida San Ramón, en Las Talitas, Aguilar, que se encontraba sentado detrás de ella, le arrebató su teléfono celular Samsung A22.

En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos. De acuerdo a la teoría del caso, el acusado arrastró a la víctima hasta la puerta delantera del colectivo, donde la mujer cayó a la calle sobre su panza, cursando un embarazo de cinco meses.

Luego, el imputado logró darse a la fuga con el teléfono, aunque fue aprehendido por personal policial a pocas cuadras del lugar.

La postura de la Fiscalía

Al momento de requerir medidas de coerción, la representante del MPF sostuvo: “No se trata de un desapoderamiento menor. Es un hecho de violencia que se cometió en un transporte público. El imputado forcejeó con la víctima de una forma desmedida, la amenazó. Es una embarazada de cinco meses, a la que puso en una situación de extremo riesgo, provocando que cayera al suelo desde el colectivo. Puso en riesgo tanto la integridad física de la víctima, así como también de una persona por nacer”.

Asimismo, Cocimano agregó: “El imputado no solo se apropió ilegítimamente de un bien ajeno, sino que lo hizo aprovechándose de un contexto de especial vulnerabilidad de la víctima, quien se encuentra cursando un embarazo. Esta circunstancia incrementa la situación de indefensión de la misma y también exige una mayor protección por parte del Estado”.

Finalmente, el MPF solicitó la prisión preventiva por el plazo de 18 días. La jueza rechazó el pedido y resolvió hacer lugar al arresto domiciliario requerido por la defensa técnica, también por idéntico plazo./MPF