El pacto entre la defensa y la fiscalía ya es un hecho y solo resta que un juez le ponga el gancho para que el agresor cumpla su condena desde la comodidad de su casa, lejos de los muros de Benjamín Paz.

La bronca de Pelli no es para menos y estalló apenas fue notificado del acuerdo. El diputado de La Libertad Avanza no anduvo con vueltas y calificó la resolución como un "traje a medida" para el imputado. Lo que para la justicia parece ser una salida procesal elegante y rápida, para la víctima es una muestra clara de cómo los hilos del poder se mueven en las sombras de los tribunales de Concepción. La sensación de que la balanza se inclina siempre para el mismo lado flota en el aire de un proceso que se aceleró de manera llamativa tras la liberación inicial de Segura.

La propuesta que llegó al escritorio del juez Raúl Martínez Márquez es concreta: tres años de prisión en suspenso. Esto significa que Segura, acusado de lesiones graves agravadas por alevosía, no pasará ni un día más detenido si cumple con ciertas reglas de conducta básicas. Es el final soñado para cualquier imputado que, tras un ataque brutal y televisado, logra que el sistema le dé una palmada en el hombro en lugar de un castigo ejemplar. La defensa jugó sus cartas con maestría, usando certificados de salud para sacar al agresor de la cárcel en menos de un mes y preparar este cierre definitivo.

Sombras políticas y daño físico

Uno de los puntos que más irrita a la querella es la nebulosa que rodea el verdadero trabajo de Segura y sus vínculos con el aparato estatal. Pelli denunció que la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción no tuvo mayor interés en investigar si el agresor es realmente un empleado público, como se sospechó desde el minuto uno. Aunque se dijo que trabajaba en la comuna de Los Bulacio, el diputado afirma que las pruebas en el expediente dicen lo contrario. Para la víctima, este desinterés fiscal no es una omisión casual, sino una maniobra para proteger terminales políticas que podrían verse salpicadas por la violencia de su "puntero".

"Cuando la política se mete en una investigación penal, los resultados son predecibles", sentenció Pelli con una crudeza que duele. Sus palabras resuenan con fuerza en una provincia donde los límites entre el Estado y las fuerzas de choque suelen ser borrosos. La falta de transparencia en los detalles del acuerdo, a los que el diputado asegura no haber tenido acceso pleno hasta último momento, refuerza la teoría de una justicia que actúa más como mediadora de intereses que como garante de la ley frente a un ataque alevoso contra un representante del pueblo.

Mientras el agresor prepara su firma para el viernes 22, la realidad de la víctima es radicalmente distinta. Pelli confirmó que deberá pasar por el quirófano por segunda vez para intentar reparar las secuelas óseas que le dejó el golpe en la cara. La diferencia de situaciones es obscena: mientras uno busca médicos para reconstruir su rostro, el otro busca jueces que homologuen un papel para seguir con su vida sin antecedentes efectivos. La querella apuesta ahora a una última junta médica que logre "magnificar el daño producido" y frene lo que consideran una injusticia consumada.