El juez penal Raúl Robín Márquez fue el encargado de avalar el pacto cocinado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, dictando una condena de tres años de prisión de ejecución condicional que le permitió al agresor volver a su casa de inmediato.

La resolución judicial se dio bajo un estricto paquete de reglas de conducta que Segura deberá respetar a rajatabla durante los próximos 36 meses si no quiere que el beneficio se caiga y deba purgar la pena tras las rejas. Entre las restricciones impuestas por el magistrado, se destaca la prohibición absoluta de acercarse al diputado nacional Federico Pelli a una distancia menor a los 300 metros. Además, el ahora condenado quedó inhabilitado para portar armas de fuego, tiene prohibido el consumo de alcohol o estupefacientes y estará obligado a realizar un tratamiento psicológico para el control de la ira.

El portazo a los reclamos de la querella

El cierre de la causa no estuvo exento de tensiones en la sala de audiencias de Concepción. Durante una pormenorizada y extensa exposición, el juez Robín Márquez dedicó un tramo central de sus argumentos a desestimar de cuajo las objeciones presentadas por la querella, representada por el abogado Juan Colombres Garmendia. La defensa técnica del legislador de La Libertad Avanza había batallado con dureza para frenar las condiciones del acuerdo y exigir una pena de cumplimiento efectivo, pero el magistrado entendió que el procedimiento express cumplía con la totalidad de los requisitos formales y legales vigentes en el nuevo código de la provincia.

La vía del juicio abreviado fue impulsada con firmeza por la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, bajo la conducción de Miguel Ángel Varela y con el andamiaje operativo de la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi. Por el lado del acusado, el experimentado abogado penalista Ernesto Baaclini logró tejer los hilos de una salida elegante que evitó el debate oral y público. La celeridad para resolver el destino de Segura contrasta de manera obscena con los tiempos habituales del sistema judicial para el tucumano de a pie, alimentando el eterno debate sobre el peso de los contactos políticos en las causas penales.


El origen del conflicto se remonta a 75 días atrás, cuando en medio de una recorrida territorial, Segura arremetió físicamente contra el diputado nacional mediante un fiero cabezazo en el rostro que le provocó severas fracturas óseas. El ataque no tardó en transformarse en un escándalo de proporciones nacionales, exponiendo los métodos violentos con los que operan ciertos punteros en el interior. Mientras el agresor festeja la libertad condicional y se prepara para firmar las actas de soltura, el referente libertario todavía debe afrontar las consecuencias médicas del golpe, incluyendo intervenciones quirúrgicas de reconstrucción facial.