La oposición a Sergio Pagani en la carrera por el rectorado de la UNT cargó duramente contra el juez Guillermo Díaz Martínez, por considerar que desoye la manda dictada por la Cámara Federal semanas atrás. "El juez de primera instancia omite fallar sobre el fondo de la cuestión; está cayendo en lo que se llama una insubordinación contra la alzada", fustigó Gonzalo Casas. De acuerdo con la postura del denunciante, el magistrado optó por reeditar discusiones formales referidas a la vía elegida, las cuales ya contaban con una resolución previa y firme de un tribunal superior.
La persistencia de este conflicto interpretativo en el ámbito judicial amenaza con profundizar la incertidumbre respecto al normal funcionamiento de los estamentos de la casa histórica. El supuesto desacato de las pautas fijadas por el tribunal superior es calificado por los denunciantes como un hecho de inusitada gravedad que atenta contra los procedimientos reglados. "Lo único que debía hacer era resolver el fondo del asunto, es decir si Pagani está habilitado o no", detalló de forma taxativa el abogado. Al eludir esta definición central, el dictamen arrastra los plazos hacia un terreno de indeterminación que amenaza de manera directa el calendario de votación.
De todos modos, Casas sostiene que, frente a la resolución que suspende la fórmula oficialista, debió aplicarse un mecanismo de consagración automática de la fórmula Cabrera - Abad. El planteo técnico sostiene que la vigencia de las restricciones judiciales deja a una sola lista en condiciones reglamentarias de disputar la conducción del rectorado. "El artículo ciento catorce - del Estatuto Universitario- indica que si hay una sola lista habilitada se la debe proclamar", especificó el letrado patrocinante.
El estancamiento del proceso de selección de autoridades coloca a la Universidad Nacional de Tucumán en las vísperas de un escenario inédito de acefalía. Al concluir los mandatos vigentes durante la segunda quincena de mayo, la falta de una resolución en firme puede empujar a la institución hacia la pérdida transitoria de su autonomía gubernamental. En este sentido, Casas manifestó su absoluto rechazo a la posibilidad de que se concrete una supervisión o monitoreo por parte de funcionarios del Estado nacional. La persistencia de las medidas cautelares mantendrá frenada cualquier convocatoria oficial del rectorado hasta tanto la justicia resuelva los recursos de apelación.
La resolución del conflicto excede las fechas pautadas de manera original por la junta electoral para la realización de la asamblea universitaria. Los plazos procedimentales que demandan los traslados y las fundamentaciones técnicas de las partes proyectan las definiciones definitivas hacia el próximo período invernal. "Sería muy llamativo que los hagan participar; habría que ver cómo le cae a la justicia que incumplan abiertamente", advirtió Casas.