El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció este viernes de manera oficial que el Poder Ejecutivo remitirá un texto legislativo orientado a reformular de forma integral la actual Ley General de Sociedades Comerciales (19.550), una norma madre que fue sancionada originalmente en 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse y que regula la constitución, el funcionamiento, la organización y la liquidación de todas las empresas del país.

La iniciativa de la Casa Rosada busca barrer con los controles burocráticos del Estado sobre el ámbito privado y avanzar decididamente hacia lo que el funcionario definió como "un marco moderno basado en la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la desregulación absoluta". El corazón de la reforma apunta a subvertir el orden de prioridades legales dentro del derecho societario: de aprobarse el proyecto en los recintos parlamentarios, las normativas generales del Estado pasarán a tener un carácter estrictamente accesorio. "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", resumió de forma contundente el ministro.

El estatuto privado por encima del control del Estado

Este drástico giro normativo implica que las sociedades comerciales tendrán la facultad plena de diseñar sus propios reglamentos de funcionamiento interno, votación de autoridades y reparto de dividendos, quedando el andamiaje estatal únicamente como un marco de referencia optativo para aquellas corporaciones que decidan no explicitar sus pautas específicas. Con esta desregulación, el oficialismo apunta a dinamizar la llegada de inversiones extranjeras directas, agilizar los engorrosos trámites de inscripción y reducir a la mínima expresión el poder de policía que hoy ejercen organismos de control clave, como la Inspección General de Justicia (IGJ) o las Direcciones de Personas Jurídicas en las provincias.

La propuesta oficialista se inscribe dentro de un paquete legislativo de desregulación mucho más amplio que la cartera de Sturzenegger prevé acelerar de cara al inicio de junio, un pelotón de reformas que incluye también modificaciones sensibles en el mercado inmobiliario —lo que ya viene despertando fuertes fricciones con los colegios profesionales del sector— y un avance formal de los programas de modernización estatal. En los pasillos del Congreso, la oposición ya mira con profunda desconfianza el alcance de estas medidas, advirtiendo que vaciar de control público las estructuras de las grandes corporaciones podría facilitar maniobras de evasión o debilitar la protección jurídica de los socios minoritarios de las firmas.