Sin embargo, a 11 años de aquella movilización histórica, los fríos datos demuestran que las estructuras de violencia machista siguen cobrándose vidas a un ritmo alarmante. El último relevamiento presentado por el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras violencias de género de MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) revela que, a pesar de los parches legislativos y los discursos oficiales, el índice de muertes violentas por razones de género en este 2026 no muestra un descenso significativo en el territorio nacional.
La investigación de la organización desmitifica de forma tajante la figura del "agresor anónimo" o el peligro abstracto en la vía pública, confirmando de manera sistemática que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres. La gran mayoría de los crímenes son perpetrados por personas pertenecientes al círculo íntimo de las víctimas, ya sean parejas, ex-parejas, familiares o conocidos directos. Este patrón estadístico deja en evidencia que el machismo opera con total impunidad puertas adentro, amparado en dinámicas relacionales de control, subordinación y posesión que el Estado no logra detectar ni desarticular a tiempo.
El daño colateral y el reclamo por las infancias desprotegidas
El impacto de la violencia machista excede por mucho la figura de la víctima directa, destruyendo de forma colateral a entornos familiares completos. El informe detalla que esta destrucción se ejecuta mediante dos modalidades de femicidio vinculado: por un lado, aquellos cometidos por interposición, donde el agresor asesina a un tercero (como hijos, amigas o nuevas parejas) que intenta defender a la mujer; y por el otro, los de venganza vinculada, ejecutados contra seres queridos con el único y macabro fin de infligir un sufrimiento psicológico irreparable en la sobreviviente.
Esta ola de violencia deja cada año a cientos de niños, niñas y adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad tras perder a sus madres. Ante esta cruda realidad, desde MuMaLa insistieron en la necesidad imperiosa de agilizar la aplicación efectiva de la Ley Brisa (Ley 27.452). Esta normativa nacional garantiza una reparación económica mensual y una cobertura de salud integral para las hijas e hijos de las víctimas, un derecho que en muchos casos se dilata de manera burocrática en los escritorios estatales mientras las infancias quedan desamparadas.
Estándares internacionales vs. la desidia judicial
Para evitar que estos crímenes sigan siendo abordados por la opinión pública como simples "hechos policiales aislados", el observatorio exige que tanto los operadores judiciales como los medios de comunicación apliquen de manera obligatoria los protocolos internacionales vigentes:
MESECVI (OEA): Define claramente al femicidio como un "crimen de Estado" debido a las fallas estructurales y sistemáticas en las políticas de prevención y protección.
ONU Mujeres / UNODCE: Aporta el marco estadístico global para medir las muertes por razones de género, tipificando motivaciones específicas como el acoso previo y el ensañamiento.
Modelo de Protocolo Latinoamericano: Obliga explícitamente a fiscales y jueces a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de femicidio desde el primer momento de la instrucción.
La exclusión como antesala del Trans/Travesticidio
El registro de MuMaLa vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de visibilizar de forma prioritaria los Trans y Travesticidios en la agenda pública. El asesinato de mujeres trans y travestis debido a su identidad de género no constituye un hecho aislado, sino que representa el eslabón final y más violento de una larga cadena de exclusiones institucionales, sanitarias y laborales. Esta vulneración sistemática de derechos fundamentales es la que históricamente ha reducido la expectativa de vida de este colectivo en la Argentina, confinándolo a la marginalidad ante la mirada indiferente de los sucesivos gobiernos.
Las 4 demandas urgentes para la agenda pública de 2026
Frente a un panorama que no da tregua, el colectivo MuMaLa sintetizó sus reclamos al Estado argentino en cuatro exigencias estructurales inmediatas:
Emergencia Nacional en Violencia de Género: Exigen la declaración inmediata con la asignación de presupuestos reales y ayuda económica directa para que las mujeres tengan los recursos necesarios para abandonar los hogares donde peligra su vida.
Reforma Judicial Feminista: El informe alerta que un alto porcentaje de las víctimas ya contaba con denuncias previas o medidas perimetrales vigentes. Se reclama una justicia penal ágil que unifique las causas de familia y penales, además de la aplicación efectiva de la Ley Micaela en las fuerzas de seguridad.
Educación Sexual Integral (ESI): Consolidar la implementación de la ESI en los establecimientos educativos como la principal herramienta preventiva para desarmar masculinidades violentas y noviazgos tóxicos desde la infancia.
Cupo Laboral Trans: Garantizar de forma real el acceso al trabajo, la vivienda y la salud digna para romper de forma definitiva el circuito de vulnerabilidad social.
