En medio de la catarata de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que mantiene a los integrantes de esa cámara a un ritmo intenso de trabajo, se abrirá otro debate o, mejor dicho, se volverá a discutir sobre un tema que el año pasado no avanzó: la reforma de la Ley de Biocombustibles.

Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunirá para tal fin este miércoles, desde las 14, en el Salón Azul. Ambas comisiones están presididas por el radical Flavio Fama y el oficialista Agustín Monteverde, respectivamente.

En octubre del año pasado, previo a las elecciones, se llevaron a cabo tres reuniones informativas, pero no se llegó a un dictamen. Distintos proyectos buscan reformar la Ley 27.640, sancionada en 2021 a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner.

De las cinco iniciativas que hay en carpeta, una fue presentada por la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y elaborada por la Secretaría de Energía. Días atrás, en una reunión informativa, pero de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del sector se manifestaron a favor y en contra de ese texto.

Entre sus principales puntos, el proyecto oficial busca elevar el corte obligatorio de biodiésel de 5% a 7,5% y a 10% un año después; mientras que para el bioetanol se mantendrá el 12% por doce meses y luego se incrementaría a 15%. A su vez, la Secretaría de Energía podría modificar los porcentajes discrecionalmente.

Uno de los artículos que hace ruido en las PyMEs del sector es que la iniciativa permite "la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio".

Entre otros aspectos, el proyecto crea un sistema de mercado electrónico y autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel para el uso de bioetanol y biodiésel en mezclas con cortes superiores a los porcentajes obligatorios establecidos.

Además de la propuesta de Bullrich, que representa a la del Poder Ejecutivo, hay iniciativas de Beatriz Ávila (Independencia), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero Los Salteños).

La senadora nacional Flavia Royón presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone un nuevo marco regulatorio para el sector de biocombustibles, con el objetivo de modernizar la normativa vigente y posicionar a la Argentina en la transición hacia energías más limpias.

La iniciativa establece reglas para toda la cadena de valor —desde la producción hasta la comercialización— y plantea como ejes centrales la promoción de inversiones, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las economías regionales. Según el texto, se busca crear un mercado “eficiente y competitivo” que garantice el abastecimiento y favorezca la incorporación de nuevas tecnologías, incluidos biocombustibles de segunda y tercera generación.

Uno de los puntos destacados del proyecto es el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles fósiles. En el caso del gasoil, se establece un piso inicial del 7,5% de biodiesel, que subiría al 10% al año y al 15% a los dos años de vigencia de la ley. Para las naftas, se fija un corte del 15% de bioetanol.

La propuesta también apunta a diversificar la matriz energética mediante la incorporación de nuevos vectores, como el biometano, el bioGNC, el bioGNL y el combustible sostenible de aviación (SAF), alineándose con tendencias internacionales en materia de descarbonización del transporte.

En términos regulatorios, el proyecto prevé la creación de un sistema de comercialización mediante una plataforma electrónica que asegure transparencia, libre concurrencia y formación competitiva de precios. A su vez, establece mecanismos para evitar la concentración del mercado, incluyendo un cupo mínimo del 30% del biodiesel destinado al corte obligatorio para empresas no integradas.

Otro aspecto relevante es el impulso a los combustibles gaseosos renovables. La iniciativa promueve el desarrollo del biogás y el biometano, con la posibilidad de su inyección en redes de gas natural y su uso en transporte pesado, uno de los segmentos más difíciles de descarbonizar.

El proyecto también contempla incentivos para la renovación de flotas de transporte y la adopción de tecnologías más limpias, así como la exención de impuestos a los biocombustibles, manteniendo un tratamiento diferencial frente a los combustibles fósiles.

En sus fundamentos, Royón señala que la Argentina cuenta con ventajas competitivas en el sector —como disponibilidad de biomasa y desarrollo agroindustrial— pero ha perdido posiciones frente a países como Brasil o Indonesia, que avanzaron con mayores niveles de mezcla obligatoria.

Además, advierte que el país aún importa volúmenes significativos de gasoil pese a tener capacidad instalada para producir biodiesel, lo que impacta en la balanza energética. En ese sentido, el fortalecimiento del mercado interno de biocombustibles aparece como una herramienta para sustituir importaciones y reducir la salida de divisas.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto subraya que el mayor uso de biocombustibles contribuiría a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, especialmente en grandes centros urbanos.

La iniciativa, que propone derogar el régimen actual, busca así combinar objetivos productivos, ambientales y energéticos, en un esquema que promueva el desarrollo federal y consolide a los biocombustibles como una herramienta estratégica para la economía argentina.