Si bien el Gobierno nacional y los rectores universitarios alcanzaron un principio de acuerdo técnico para aplicar un incremento salarial, las tratativas terminaron naufragando debido a una condición inapelable que impusieron los funcionarios del Poder Ejecutivo en la mesa de diálogo.

De forma tajante, la Casa Rosada exigió que las casas de estudio retiren la demanda judicial que actualmente aguarda una resolución definitiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una presión oficial que fue rechazada de plano por las autoridades académicas.

El encuentro de bajo perfil se llevó a cabo en territorio neutral para evitar la concentración de la prensa. Las conversaciones estuvieron encabezadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien negoció directamente con los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La propuesta del Ejecutivo contemplaba una recomposición salarial global del $24,3\%$ para saldar el desfasaje acumulado hasta mayo, estructurada de la siguiente manera: liquidar un $21,3\%$ con los haberes del mes de junio y el $3\%$ restante durante el mes de octubre.

El plan de contingencia sumaba además la creación de una comisión técnica paritaria con reuniones pautadas de forma trimestral.

Inyección millonaria para becas, funcionamiento y hospitales

Con el objetivo de atender los reclamos de la última Marcha Federal, el documento oficial presentado por la administración central incluía una fuerte inyección de recursos económicos destinada a partidas clave de la estructura universitaria:

Becas Manuel Belgrano: Se ofreció una suba del $50\%$ en los montos de estos beneficios estudiantiles.Gastos de funcionamiento: Un incremento del $20\%$ destinado a la cobertura de los costos diarios de las instituciones.Centros sanitarios: El otorgamiento de un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios.

Guardias médicas: La coordinación de un nuevo criterio de distribución para otra partida congelada de 79 mil millones de pesos destinada a la atención de urgencias en dichos centros de salud.

El freno de los rectores: la Ley de Financiamiento no se negocia

pesar de que los representantes de la comunidad universitaria consideraron que las cifras y los montos de la propuesta general resultaban totalmente razonables para la actividad, los rectores rechazaron de forma unánime el condicionamiento de suspender la vía legal en los tribunales.

Para las autoridades de las casas de estudio, la demanda judicial funciona como un resguardo legal indispensable que no están dispuestos a ceder en medio de las negociaciones.

Los rectores exigen el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, normativa que obliga al Estado a ajustar las becas y los salarios de forma mensual en sintonía con la inflación medida por el IPC. Desde la vereda contraria, el Ejecutivo nacional calcula que la aplicación total de esta ley demanda una erogación de 2,5 billones de pesos, lo que pondría en severo riesgo el superávit fiscal que persigue la gestión libertaria.