A partir de la publicación de nuevos decretos presidenciales que reglamentan la reforma laboral, diversos sectores gremiales manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos. Desde el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma explicaron que las medidas atacan directamente la negociación colectiva y las garantías fundamentales de las organizaciones. Al respecto, Jimena Frankel remarcó con énfasis que “se trata de decretos que vienen a reglamentar una reforma laboral que en nada beneficia al conjunto de las y los trabajadores”.
El análisis técnico elaborado por la entidad gremial pone el foco sobre las modificaciones introducidas en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, consideradas herramientas regulatorias clave. Según los especialistas, la nueva normativa desarticula el principio de ultraactividad, el cual garantizaba la vigencia de los convenios vencidos hasta la firma de un nuevo acuerdo entre las partes. Sobre este punto, Frankel señaló que la reforma obliga a discutir en un contexto desfavorable, concluyendo que “lo que quieren es que nos quedemos sin derechos”.
Uno de los aspectos más polémicos de la reglamentación es la descentralización de las paritarias colectivas y el fuerte incentivo gubernamental para desarticular los sindicatos por actividad económica y reemplazarlos por estructuras menores. La medida busca forzar las tratativas salariales y de condiciones de trabajo de manera individualizada, restándole fortaleza a los nucleamientos tradicionales frente a las cámaras empresarias. La entrevistada alertó que la reforma “avanza para que los sindicatos se vean obligados o forzados a negociar a nivel de empresa y a la baja”.
Asimismo, el decreto establece severas restricciones logísticas para el ejercicio de la representación gremial interna, obligando a los delegados de fábrica a solicitar autorizaciones previas ante cualquier contingencia o asamblea laboral. Las organizaciones afirman que exigir plazos de preaviso de 48 horas ante accidentes o reclamos urgentes anula la capacidad de respuesta inmediata y lesiona gravemente la libertad sindical. En este sentido, Frankel cuestionó la viabilidad práctica de la norma afirmando que “para poder usar el crédito horario legítimo tienen que pedir autorización a la empresa”.
Frente a este escenario de creciente tensión jurídica y económica, las centrales obreras ratificaron la continuidad de sus planes de lucha y descartaron que las presentaciones judiciales sean la única vía para frenar el ajuste generalizado. Desde la CTA Autónoma confirmaron nuevas movilizaciones en la Capital Federal y diferentes puntos del país, vinculando el descontento laboral con los reclamos de otros sectores sociales afectados. “Las estrategias jurídicas están planteadas, pero me parece que más importante que eso son las estrategias de acción y la organización”, concluyó la referente.
Jimena Frankel, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, advirtió sobre el impacto de los nuevos decretos que restringen la actividad de los delegados y obligan a negociar convenios a la baja.
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