Con el inicio del decimoséptimo proceso por crímenes de lesa humanidad en Tucumán, la provincia ratifica su rol clave en el desarrollo de estas causas federales. El Fiscal Federal Pablo Camuña precisó la enorme trascendencia del litigio al señalar que "este es el segundo juicio por la apropiación de niños durante el terrorismo de estado con lo cual tiene un significado muy importante para nosotros" en la región. La gravedad de las acusaciones radica en la metodología empleada por el aparato represor para desarticular por completo los lazos biológicos de los infantes.
La acusación principal recae sobre un alto rango militar del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, estructura central en la recopilación de datos de la dictadura. Según detalló el fiscal interviniente en la causa, "la familia apropiadora digamos era un colaborador de ese destacamento" y el menor fue entregado a un personal civil de inteligencia. La justicia busca esclarecer los mecanismos de falsificación documental que permitieron alterar la identidad de las dos víctimas directas que hoy demandan una respuesta institucional.
Respecto a la necesidad de mantener activas estas investigaciones judiciales a cinco décadas del quiebre institucional, Camuña enfatizó la urgencia de sanar el tejido social. El funcionario remarcó con firmeza que el objetivo final de los procesos es "cortar la lesión que producen este tipo de delitos en la comunidad", ya que resulta altamente dañino convivir con identidades alteradas. La identificación y posterior restitución actúan de este modo como la única vía posible para mitigar el daño remanente.
Por su parte, la Auxiliar Fiscal Valentina García Salemi describió las dificultades técnicas que enfrenta el Ministerio Público para recopilar evidencias sólidas en la actualidad. Explicó que "el paso del tiempo juega en contra a todo nivel" debido a las impunidades biológicas y a la estricta clandestinidad implementada desde el Operativo Independencia en 1975. A pesar de los obstáculos temporales, la funcionaria judicial confirmó que la evidencia fue correctamente colectada para garantizar un juicio histórico y justo.
El Fiscal Federal Pablo Camuña y la Auxiliar Fiscal Valentina García Salemi detallaron los alcances de este nuevo proceso que juzga a un oficial de inteligencia por delitos de lesa humanidad.
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