Este jueves por requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, se realizó una audiencia con tres objetivos: controlar la legalidad de la detención, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de un hombre de 30 años detenido el pasado martes por la tarde.
El auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto fue quien representó al Ministerio Público Fiscal (MPF) y le atribuyó provisoriamente el delito de estafa en calidad de coautor.
De acuerdo con la teoría del caso, entre el 21 de abril y el 8 de mayo de 2026, el acusado y otras personas aún no identificadas habrían desplegado una maniobra defraudatoria contra la firma Agronordeal S.A.S., simulando actuar en representación de la empresa Transporte Nazario S.R.L. para concretar una supuesta operación comercial.
La investigación sostiene que la maniobra comenzó a través de la plataforma Facebook Marketplace, donde uno de los involucrados inició el contacto con la empresa damnificada, mientras que otro sería quien intervenido en las negociaciones comerciales.
En ese contexto, el acusado habría concurrido a las instalaciones de Agronordeal S.A.S. como supuesto encargado de compras de la firma, generando confianza en la operación y participando luego en las gestiones vinculadas al pago y retiro del autoelevador marca Heli - Mitsubishi.
Para concretar la transacción, habrían entregado tres cheques pertenecientes a la firma Tecbus S.A., denunciados como robados o sustraídos, por un total de $31.900.000, logrando inducir en error a la empresa víctima y obtener ilegítimamente el bien. El perjuicio económico ocasionado fue estimado en $26.203.907.
Evidencia y resguardo de la investigación
Entre las evidencias reunidas hasta el momento, la Fiscalía destacó capturas de pantalla de conversaciones, registros de cámaras de seguridad, una fotografía tomada por el propietario de la empresa al imputado al momento del retiro del cheque e informes bancarios. Asimismo, indicó que aún resta realizar ruedas de reconocimiento.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva por un mes, Rodríguez del Busto sostuvo que existen riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y al entorpecimiento de la investigación.
“Está claro que hubo una participación de otras personas que están vinculadas con el acusado, por lo que entiendo que su libertad podría obstaculizar el proceso”, manifestó. Además, destacó la magnitud del perjuicio ocasionado: “Estamos hablando de $26.000.000, un perjuicio económico sumamente elevado del que fue víctima esta empresa”.
Por su parte, la defensa técnica se opuso y pidió que se impongan medidas de coerción de menor intensidad.
Al momento de comunicar su resolución, la jueza interviniente hizo lugar parcialmente al planteo de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 15 días, disponiendo su alojamiento en un complejo penitenciario./MPF
