Lo que la intendencia de los magistrados subrogantes defendió como un simple operativo de higiene en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco provocó de forma directa el colapso de un juicio oral y público. Ante la desaparición física de las sustancias estupefacientes secuestradas, el fiscal general subrogante Pablo Camuña se vio obligado a desistir de la acusación contra un policía imputado, exponiendo un gravísimo estado de indefensión técnica.

La impunidad forzada por el propio tribunal dejó al descubierto una cadena de decisiones oscuras y sin trazabilidad que obligó a remitir las actuaciones de urgencia a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación para que investigue el accionar de los jueces.

Once años de espera tirados a la basura

El juicio que terminó naufragando se había iniciado el 20 de septiembre de 2015. El banquillo de los acusados lo ocupaba un agente de la Comisaría 6ta, imputado por aprovechar su función para introducir y entregar una bolsa plástica con 58 pastillas de alprazolam a un interno procesado de nacionalidad colombiana a través de la rendija de una celda.

El caso —calificado como entrega de sustancias medicinales sin autorización en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público— requería obligatoriamente la confrontación en el debate del objeto material del delito, ya que la defensa y la acusación manejaban versiones contrapuestas sobre el color y la descripción de los comprimidos. Al abrirse las audiencias bajo la presidencia de la jueza Ana Carina Farías (acompañada vía remota por Federico Bothamley y Cristina Giordano), el propio tribunal notificó con total liviandad que las pastillas ya no existían porque se habían "perdido" en el operativo de limpieza.
El durísimo alegato de Camuña: "Opacidad" y falta de decoro

Al momento de fundamentar por qué el Estado se veía obligado a dejar libre al policía imputado, el alegato del fiscal Camuña se transformó en una radiografía letal del manejo de la prueba por parte de los jueces subrogantes:

    “La frustración del proceso en este caso está atravesada por la desaparición de evidencia que se encontraba judicializada en una causa penal pendiente. Esto es bajo tutela del tribunal. El Tribunal aún no nos dice qué se destruyó, cuándo se destruyó, cómo se destruyó, en qué causa estaban".

    “Cuando se adoptan decisiones oscuras, no se notifican a las partes, no se responden a los informes... se está generando un área del gobierno, un área del Estado que es inaccesible para todos y eso no es admisible en un Estado de Derecho. La transparencia no es una facultad que tienen los jueces, es una de las primeras obligaciones”.

Camuña reveló además que intentó recusar al tribunal para que jueces terceros e imparciales evaluaran el impacto de la pérdida de los secuestros, evitando que los mismos autores de la orden de limpieza juzgaran su propia conducta. El planteo fue rechazado por los magistrados. "Uno esperaría que por ese famoso decoro y delicadeza que se utiliza en tantas ocasiones, el tribunal hubiera permitido que sean terceros los que determinen qué responsabilidades corresponden", lamentó el fiscal en la cara de los jueces.
Efecto dominó: el peligro sobre la "Causa Ale" y Lesa Humanidad

La caída del juicio contra el policía encendió las alarmas rojas en todas las fiscalías federales de la región. El descontrol totalizado en el desalojo del subsuelo —donde según las denuncias previas del secretario Hugo del Sueldo Padilla, los camiones de Gendarmería cargaron indiscriminadamente armas, dinero y documentación sensible— hace temer que este sea solo el primero de muchos juicios que queden en la nada.

Existe una profunda preocupación por el destino final de las muestras de estupefacientes y peritajes clave pertenecientes a expedientes de altísima sensibilidad política y social, como la emblemática "Causa Ale" o procesos históricos vinculados a delitos de lesa humanidad, cuyos bultos de resguardo fueron vistos arriba de los camiones de traslado civil durante las jornadas posteriores al 11 de mayo. Tras el desistimiento fiscal, la jueza Giordano firmó el sobreseimiento del policía y no tuvo más remedio que aceptar el envío de los antecedentes del escándalo a los órganos de control en Buenos Aires.