El juez federal Luis Armella dictaminó la prohibición absoluta de salida del país para el exjefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y su expareja, la conductora de televisión Jésica Cirio. Sin embargo, el magistrado rechazó de plano el pedido de detención inmediata que había formulado con vehemencia el fiscal Sergio Mola, al considerar que no se configuran riesgos procesales inminentes de fuga o entorpecimiento que ameriten aplicar la prisión preventiva en esta etapa de la causa.
Cerrojo de 50 kilómetros y alertas obligatorias en Migraciones
La resolución judicial no se limitó únicamente a la interdicción aeroportuaria y fronteriza tramitada ante la Dirección Nacional de Migraciones. El juez Armella impuso un estricto perímetro de movilidad urbana que alcanza a Insaurralde, a Cirio y a la modelo Sofía Clerici, determinando la prohibición de alejarse a más de 50 kilómetros de sus respectivos domicilios declarados sin contar con una autorización expresa del tribunal.
Obligaciones procesales: Los imputados deberán reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento operativo que implique una ausencia mayor a las 24 horas.
Proporcionalidad legal: El fallo judicial defendió estas restricciones de circulación por considerarlas "idóneas y proporcionales" para asegurar que los acusados sigan a derecho, catalogando la privación de la libertad como una medida excepcional de última ratio.
El misterio de los videos de los dólares y el freno al pedido del fiscal
Para rechazar el pedido de detención del fiscal Mola, el juez Armella expuso en sus fundamentos técnicos la existencia de "graves defectos" en la argumentación de la acusación. El núcleo de la discrepancia radicó en un video reciente que exhibe millonarios fajos de billetes ocultos en un vestidor perimetral, elemento que la fiscalía atribuyó de forma directa a una de las propiedades del exintendente de Lomas de Zamora. El magistrado advirtió que dicho material audiovisual aún no fue sometido a los peritajes de rigor por parte de la Datip para descartar manipulaciones mediante inteligencia artificial, ni se constató de forma fehaciente que pertenezca a los inmuebles de los investigados.
Asimismo, el tribunal ponderó positivamente la "conducta procesal colaborativa" que el entorno de los acusados mantuvo desde el inicio del escándalo en octubre de 2023. En el apartado específico de Jésica Cirio, Armella lanzó una dura crítica hacia la fiscalía, señalando como una severa contradicción que, tras casi tres años de investigación patrimonial, todavía no se haya formalizado una acusación concreta en su contra ni se haya tramitado su correspondiente declaración indagatoria, lo que debilita cualquier argumento de peligro de fuga.
Del yate en Marbella a la pista del financista en San Vicente
La causa judicial, que rastrea presuntas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el período comprendido entre 2009 y 2023, tuvo su génesis pública a partir de las fotografías de Insaurralde en el Mediterráneo a bordo del yate Bandido. El frente judicial se recalentó de manera vertical en los últimos días debido a la aparición de nuevas pruebas que sugieren la existencia de una suma cercana a los diez millones de dólares ocultos en el interior del barrio privado "Fincas de San Vicente".
Con el objetivo de dilucidar la ruta de esos fondos, la Justicia ordenó una inspección ocular urgente en la finca bonaerense y citó a declarar en calidad de testigos a exempleados domésticos y al contador de la firma que figura como titular registral del inmueble.
En paralelo, las planillas de los investigadores siguen de cerca la evolución patrimonial de Cirio y de su actual pareja, el financista Elías Piccirillo, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo arresto domiciliario bajo la órbita de otra causa penal ligada a fraudes y falsas denuncias vinculadas al narcotráfico.
