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Investigación judicial por presunta estafa piramidal: los reclamos superan los $500 millones

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La Unidad Fiscal de Delitos Complejos avanza en la recolección de pruebas en torno a una presunta estafa bajo la modalidad de esquema piramidal que afecta a ahorristas de la provincia.

 Hasta el momento, el expediente formaliza las presentaciones de 15 denunciantes que reclaman un perjuicio económico consolidado de $432 millones y U$S69.300, lo que representa una cifra global superior a los $536 millones.

Los investigadores judiciales estiman que el número de damnificados directos podría superar el centenar con el correr de las semanas.El principal apuntado en las denuncias es un hombre de 35 años, identificado como Franco David Alderete, titular de la firma comercial "Lebron Group SAS".

De acuerdo con las actas de la investigación, la firma captaba capitales privados mediante la promesa de abonar rendimientos mensuales fijos en un esquema de contratos con plazos de permanencia mínimos de seis meses y máximos de un año.

Mecanismo de captación de fondos y retornos ofrecidos

La operatoria de la firma se basaba en la recepción de depósitos en moneda nacional y extranjera, ofreciendo tasas de interés que superaban los márgenes del circuito financiero tradicional. El esquema de retornos se estructuraba bajo los siguientes parámetros técnicos:

Inversiones en pesos: Se ofrecía una tasa de interés base del 7,5% mensual, la cual se incrementaba de forma proporcional cuando los aportes de capital superaban los $20 millones.

Inversiones en divisas: Las colocaciones en dólares estadounidenses contaban con una promesa de rendimiento fijada en un techo del 3,4% mensual.

Destino declarado de los fondos: A diferencia de otros esquemas basados en activos digitales, la firma justificaba las ganancias mediante la supuesta importación y comercialización mayorista de suplementos alimentarios y productos tecnológicos de alta demanda.

Según el expediente que instruye el fiscal Fernando Blanno, las dificultades operativas comenzaron a mediados de 2023 con retrasos en las liquidaciones a los inversores más antiguos. Hacia fines de 2025, la firma ingresó en una cesación de pagos generalizada, lo que derivó en los primeros reclamos públicos en plataformas virtuales y la posterior apertura de las causas penales correspondientes.

Situación de las sociedades y ramificaciones regionales

Los pesquisas del Ministerio Público corroboraron que la denominación "Lebron Group SAS" carecía de inscripción formal ante el Registro Público de Tucumán. Tras auditorías preliminares y bloqueos de claves fiscales dispuestos por los organismos de control en 2025, la operatoria de cobros y pagos se derivó hacia otras sociedades vinculadas, identificadas en las actas como Children SAS, Total Finans SAS y Grupo Lebron SRL.

El grupo contaba con sedes comerciales físicas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Lules.La investigación penal también evalúa la extensión del esquema hacia jurisdicciones vecinas del Noroeste Argentino (NOA).

Informaciones preliminares procedentes de Santiago del Estero y Catamarca señalan maniobras de captación idénticas, por lo que las representaciones legales de las víctimas estiman que el pasivo total consolidado del grupo económico informal podría ascender a los $1.000 millones una vez centralizadas las denuncias regionales.

Presentación espontánea del investigado y estado de la causa

A diferencia de otros antecedentes de similar índole, el investigado se presentó de forma voluntaria ante las autoridades judiciales para ponerse a disposición del proceso y hacer entrega de su dispositivo celular para los peritajes tecnológicos correspondientes. En su declaración, el imputado rechazó la calificación de estafa piramidal, argumentando que los incumplimientos obedecen a contingencias comerciales y manifestando su intención de rubricar acuerdos de devolución de capital con los damnificados.

Por el contrario, las querellas particulares sostienen que las evidencias recolectadas demuestran una maniobra defraudatoria planificada desde el inicio de las operaciones, descartando la hipótesis de un riesgo de negocios imprevisto.

La fiscalía continúa con las citaciones y ratificaciones de denuncias, manteniendo la agenda de audiencias operativas incluso de forma posterior al cierre de la feria judicial de invierno.