En lo que constituye un antecedente inédito para la provincia, la Justicia tucunama dictó una sentencia condena de dos años de prisión de cumplimiento condicional contra un exefectivo de la Policía Federal por la usurpación de tierras pertenecientes al Estado provincial en el acceso a la villa turística de El Cadillal.

El fallo se produjo tras seis jornadas de juicio oral y público. La causa fue iniciada por la denuncia de la Fiscalía de Estado, conducida por la Dra. Gilda Pedicone, donde la Provincia intervino como querellante con la representación técnica del Dr. Santiago Xamena y el equipo legal del Ente Tucumán Turismo (ETT), encabezado por el Dr. Gerónimo Musso.

El origen del conflicto

Los hechos se remontan al año 2023, cuando personal técnico del Ente de Turismo detectó durante inspecciones de rutina que un particular había desplazado de manera clandestina los límites de un terreno para apoderarse de 443 metros cuadrados.

El lote usurpado se ubica sobre la Ruta Provincial 347, en el sector norte del predio de la Casa Ecológica, una zona estratégica sujeta por ley a desarrollo turístico e infraestructura bajo concesión.

Durante los alegatos, el tribunal remarcó que el accionar del imputado significó un perjuicio directo para la comunidad, al afectar un terreno destinado a un fin público, colectivo y turístico.

Restricciones y costas judiciales

Además de la pena condicional, la sentencia judicial fijó el pago de las costas del proceso a cargo del condenado y dispuso medidas de restricción severas, que le prohíben de forma absoluta acercarse al predio o realizar cualquier acto que perturbe la propiedad estatal.

Plan de ordenamiento dominial

Desde el Poder Ejecutivo destacaron que el fallo respalda el plan de regularización de tierras que se lleva adelante en villas veraniegas de alto valor patrimonial como El Mollar, Tafí del Valle, San Javier y Yerba Buena.

La recuperación del terreno en El Cadillal se enmarca en las directivas trazadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del Ente de Turismo, Domingo Amaya, orientadas a resguardar los bienes públicos y brindar seguridad jurídica para las inversiones en el sector turístico provincial.