Es inadmisible que un medio que pertenece a toda la sociedad y que debe garantizar el pluralismo, la transparencia y los derechos laborales actúe con persecución y disciplinamiento.

Este despido no sólo acaba con la estabilidad laboral de una trabajadora con 12 años de trayectoria en el medio, sino que representa un gravísimo ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información y al rol social que deben cumplir los medios públicos. Los medios del Estado no son propiedad del gobierno de turno; pertenecen al pueblo y deben ser el ejemplo máximo del respeto a las leyes laborales.

Detrás de este despido se esconde un claro intento de silenciar, disciplinar voces críticas y precarizar la labor periodística dentro de la estructura estatal. 

La compañera Marisa es la única trabajadora que fue despedida, con la excusa de la no renovación de un contrato laboral que por lejos incumple, el Estatuto del Periodista (Ley 12.908), que se encuentra en plena vigencia y regula el trabajo de los periodistas en nuestro país.  La vulneración de los derechos laborales de la compañera viene de larga data, cuando se la despojó de su planta permanente en el inicio de la gestión de la intendenta Roxana Chahla. 

Desde la Asociación de Prensa de Tucumán, no permitiremos que se utilice el aparato público para avasallar los derechos de las y los trabajadores de prensa.

Exigimos a la intendenta de San Miguel de Tucumán y a las autoridades correspondientes, la inmediata reincorporación de la compañera y el cese de cualquier medida de hostigamiento o persecución ideológica y gremial en contra de la compañera.

Convocamos a todos los trabajadores del sector a defender los puestos de trabajo y a luchar desde el lugar que les toque, por unos medios públicos democráticos y plurales

¡Reincorporación ya de la compañera Marisa Suárez!
¡Sin trabajadores de prensa no hay medios públicos ni democracia!

Asociación de Prensa de Tucumán