El sector del libro en Argentina atraviesa una etapa de extrema incertidumbre ante los intentos del Ejecutivo nacional por derogar normativas clave que protegen la actividad. En el marco de un conjunto de reformas que buscan desmantelar regulaciones estatales, el precio uniforme del libro se presenta como uno de los pilares bajo ataque. “El precio del libro es un precio que se fija de tapa, lo que significa que tiene un valor uniforme en todo el país. Es un precio justo; yo tengo prohibido venderlo por debajo o por encima de ese monto”, explicó Juan Manuel Frangoulis, referente del sector librero, sobre la importancia de esta medida.
Lejos de representar un gasto para el Estado, estas leyes funcionan con costo cero para las arcas públicas, actuando como un blindaje para el ecosistema cultural frente a las grandes cadenas y la lógica de mercado salvaje. “Hoy, la competencia entre nosotros no pasa por el precio, sino por tener un catálogo amplio, nuevos escritores y generar comunidades lectoras. Si bajás el precio por debajo del costo, solo hay dos opciones: o tenés espalda para fundir a la competencia o estás lavando dinero”, sentenció el entrevistado sobre los riesgos de eliminar el precio único.
El impacto de este desguace normativo no solo afecta la economía de los libreros, sino que empobrece la construcción de ciudadanía al limitar el acceso a la lectura. “Cuando tenés un proceso de empobrecimiento cognitivo, es mucho más difícil que seas capaz de nombrar aquello que no te gusta porque te faltan palabras. Hay un gobierno que ha decidido cancelar la democracia y las discusiones; quieren empobrecer la palabra”, denunció Frangoulis, vinculando las medidas actuales con históricas estrategias de censura y control social.
En este escenario, las librerías independientes aparecen como el último bastión de resistencia. La experiencia internacional, citando el caso de Inglaterra a finales de los noventa, demuestra que la desregulación del mercado editorial culmina en el cierre masivo de librerías locales. “Si eso pasó en Inglaterra, que tiene un sistema de contención social distinto, imaginá lo que sucedería en Argentina. Lo que se está definiendo es qué tipo de sociedad queremos construir y cómo nos imaginamos presentes y futuros que nos incluyan a todos”, enfatizó el librero.
La tecnología, frecuentemente señalada como la culpable de la baja en la lectura, es vista por los especialistas como una herramienta que, sin regulación, desconecta al sujeto de su capacidad crítica. En contraste con la tendencia local de digitalizar aulas a cualquier costo, otros países desarrollados están retornando a prácticas tradicionales por sus beneficios cognitivos. “En Suecia están volviendo al dictado y al pizarrón porque entienden que los prepara mejor. Aquí, en cambio, parece que preparan a las nuevas generaciones para reproducir órdenes sin discutirlas”, alertó.
Finalmente, el llamado es hacia los representantes legislativos, a quienes el sector exige responsabilidad histórica. En un año clave para la vida política del país, la defensa del libro es también la defensa de la soberanía cultural. “El Congreso no fue votado para vender glaciares o aumentar tarifas que nos dejen morir de frío; nadie los eligió para que destruyan al libro, a los lectores y a los escritores. Esperamos que estén a la altura histórica de las circunstancias y que no se condicionen ante la crueldad”, concluyó el referente.
El avance de nuevas reformas estatales amenaza la supervivencia de la ley de protección del libro y la actividad librera. Referentes del sector denuncian que la quita de regulaciones, lejos de fomentar la economía, atenta contra el acceso equitativo a la cultura y la diversidad de las voces argentinas, en un contexto de crisis social que golpea profundamente el consumo de bienes artísticos.
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