La situación sanitaria en la Argentina atraviesa un momento crítico debido al persistente descenso en las coberturas del calendario nacional de vacunación. Enrique Abeyá Gilardón, médico pediatra e integrante del colectivo “Pediatras contra el Hambre”, analizó el complejo panorama tras la difusión de recientes informes internacionales sobre salud pública. “El informe de UNICEF y la OMS señala que la Argentina es uno de los ocho países en la región de las Américas con las coberturas más bajas. Hubo demoras en las compras y en la distribución de dosis por parte del Estado nacional que hacen que la entrega sea irregular”, explicó.
A las fallas de logística gubernamental se suma el daño generado por campañas de desinformación que resintieron la confianza social en las vacunas desde la pandemia de COVID-19. La proliferación de discursos antivacunas, respaldados en ocasiones por figuras públicas, ha tenido consecuencias severas en la prevención de patologías erradicables. “La campaña de desprestigio promovida desde el propio Poder Legislativo con una vergonzosa pantomima de imanes no hace más que generar confusión en la población; las vacunas del calendario son altísimamente seguras, gratuitas y sin efectos colaterales”, enfatizó el especialista durante la entrevista.
Esta caída en la inmunización comunitaria ya ha provocado el resurgimiento de enfermedades prevenibles que han derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos en distintas provincias. La falta de protección colectiva expone especialmente a los sectores más postergados del Norte Grande argentino. “Tenemos coberturas muy bajas en sarampión, fiebre amarilla y en la triple bacteriana; el año pasado hubo fallecimientos por tosculsa que podrían haberse evitado con la inmunización, y a principios de este año se registró un caso de tétanos en una nena de cinco años en Santa Fe”, precisó.
El deterioro de la salud infantil se ve drásticamente potenciado por el contexto socioeconómico y el freno a la entrega de asistencia alimentaria a los sectores vulnerables. Desde la agrupación “Pediatras contra el Hambre”, constituida tras la interrupción del envío de insumos a comedores comunitarios, alertan sobre los efectos devastadores de la malnutrición. “Nos constituimos a raíz de que el Ministerio de Capital Humano incautó los alimentos que eran para los comedores; esa alteración nutricional reduce las defensas y hace que una enfermedad autolimitada como el sarampión termine siendo letal por bronconeumonía”, denunció.
Asimismo, Abeyá Gilardón cuestionó con dureza el rol de las instituciones científicas tradicionales por no haber adoptado un posicionamiento firme ante el recorte del apoyo social. Para el profesional, la vulneración de los derechos básicos de las infancias responde a un rumbo político que desatiende a las poblaciones más desprotegidas. “Nos constituimos porque los niños no tienen voz ni pueden protestar como lo hacen los trabajadores o los jubilados. El Gobierno nacional tiene una actitud, para decirlo suavemente, eugenésica frente a la población: que sobreviva el que pueda”, aseveró con contundencia.
Finalmente, el especialista remarcó que las políticas de ajuste fiscal implementadas por el Ejecutivo nacional recaen de manera desigual sobre las familias de menores ingresos y los sistemas públicos de asistencia. El recorte en programas esenciales como Remediar o el área de discapacidad agrava la vulnerabilidad social. “El esfuerzo mayoritario en términos del equilibrio fiscal que tanto se ufana el Gobierno lo hacen los humildes, no la población acomodada. Reducir un 70% el presupuesto de programas de salud hace que los más vulnerables sean todavía más vulnerables”, concluyó el especialista.