La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, liderada por Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael durante la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas de coerción.
Las acusaciones en detalle
De acuerdo con la investigación del Ministerio Fiscal (MPF), ambas imputadas se desempeñaban como empleadas en un local comercial tipo "autokiosco" situado en avenida Solano Vera al 1.000 y utilizaron maniobras similares en fechas distintas:
Primer caso (2 de mayo de 2026): Una de las jóvenes presentó ante su empleador un certificado con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán "Ramón Carrillo", fechado el 26 de abril, que consignaba un diagnóstico de gastroenteritis y seis días de reposo. Averiguaciones posteriores del empleador en el nosocomio permitieron constatar que la profesional firmante se desempeña en el área de guardia y no emite ese tipo de constancias.
Segundo caso (4 de junio de 2026): La segunda empleada remitió de manera electrónica y posteriormente entregó en el comercio un certificado apócrifo con características similares, fechado el mismo día, que indicaba un cuadro de gastroenteritis y 72 horas de reposo. Las autoridades del hospital confirmaron que la médica mencionada no prestaba servicios en esa fecha y tampoco confecciona tales documentos.
Medidas de coerción
Ante la gravedad del perjuicio ocasionado al empleador y a la fe pública mediante el uso de documentos adulterados, la Fiscalía solicitó medidas de sujeción al proceso.
La jueza interviniente resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal, dictando la prohibición de acercamiento y de realizar cualquier acto de turbación, hostigamiento o intimidación hacia la víctima por el plazo de seis meses.
"Se trata de medidas que son prudentes y razonables a los hechos atribuidos a las acusadas, respecto a la instancia procesal en la que nos encontramos y teniendo en cuenta la posibilidad de arribar a una salida alternativa o de avanzar a una siguiente etapa del proceso penal", explicó la representante del MPF sobre la resolución.
