Frente a este escenario, el mandatario provincial sostuvo que cualquier definición que adopte Tucumán deberá partir de un análisis técnico previo y de datos precisos.

Un relevamiento necesario antes de definir medidas

La normativa nacional establece que la atención en casos de urgencia no puede ser negada ni restringida por motivos migratorios, mientras que para los tratamientos habituales exige la presentación de un seguro de salud o la cancelación previa del servicio, reglamentando las modificaciones del DNU 366/2025 sobre la Ley de Migraciones.

Ante este debate que se instala a nivel nacional, Jaldo explicó que el Ejecutivo provincial evaluará la situación interna mediante estadísticas concretas:

"Es un tema que lo hemos venido conversando. Creo que ese tema se va a instalar en el debate a nivel nacional y estábamos hablando con el ministro que, antes de tomar una decisión, fuese cual fuese, nosotros tenemos que tener un relevamiento, tenemos que saber cuántos extranjeros no residentes estamos atendiendo en el sistema provincial de salud", expresó el Gobernador.

"La prioridad la tienen los tucumanos"

Si bien el mandatario reconoció que los extranjeros no residentes son seres humanos que merecen asistencia ante una necesidad sanitaria —y recordó que la provincia históricamente ha brindado esa cobertura—, remarcó con firmeza que los recursos y la eficiencia del sistema público deben resguardar ante todo a la población local.

"Lo que tiene que quedar claro es que, para tomar una decisión de ese tipo, la salud pública de la provincia de Tucumán tiene como prioridad a los tucumanos" , enfatizó Jaldo. En esa línea, advirtió que el Estado provincial no permitirá que la demanda de pacientes no residentes sobrepase o tensione la capacidad operativa de los hospitales, afectando la calidad de las prestaciones destinadas a los vecinos de la provincia.