La presentación judicial acusa a ambos referentes libertarios de asentar domicilios reales falsos en sus documentos con el propósito de eludir requisitos legales y fraguar antecedentes de residencia de cara a las elecciones de 2027.

La acusación sostiene que las maniobras buscan habilitar candidaturas futuras en el territorio provincial: Pelli como aspirante a la intendencia de Yerba Buena y Catalán para competir por la gobernación o una banca en el Senado de la Nación.

Las irregularidades atribuidas a Pelli y Catalán

El escrito detalla que el legislador nacional Federico Pelli realizó dos modificaciones sucesivas de domicilio en menos de 72 horas durante el mes de julio de 2026. Su última dirección registrada figura sobre la Avenida Aconquija, correspondiente a una galería comercial y de oficinas; sin embargo, el propio Pelli reconoció en declaraciones periodísticas no vivir allí, sino en un barrio privado de la comuna de Cebil Redondo.

En el caso de Lisandro Catalán, se cuestiona la declaración de un domicilio personal sobre la calle Italia al 700, en San Miguel de Tucumán, un inmueble a nombre de un tercero que funciona como sede partidaria. La denuncia remarca que la residencia efectiva del dirigente se ubica en un barrio cerrado de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, por lo que la inscripción local buscaría sortear el requisito de dos años de residencia inmediata exigido por la Constitución tucumana.

La presunta complicidad del RENAPER y el encuadre legal

La presentación judicial también salpica a funcionarios y agentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Debido a que ambos trámites se canalizaron a través de la delegación de la calle San Juan al 1090, en la capital tucumana, la Justicia investiga si existió facilitación funcional, trato preferencial o abuso de autoridad para concretar los cambios de documento.

El fuero penal encuadró los hechos bajo las figuras de denuncia de domicilio falso por parte de un elector —previsto en el artículo 137 del Código Electoral Nacional—, falsedad ideológica de instrumento público, uso de documento falso e inserción ilegítima de datos personales. Además, la presentación solicita la inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos de los imputados.

Entre las medidas cautelares y probatorias urgentes, la querella solicitó la preservación inmediata de los registros digitales, las auditorías del sistema y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede del RENAPER interviniente.

A su vez, se requirieron informes a las compañías aéreas y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para reconstruir los itinerarios de viaje de Catalán, junto con oficios a las empresas telefónicas para la geolocalización de antenas. Finalmente, la denuncia pide relevamientos catastrales e inspecciones sobre los inmuebles involucrados tanto en Yerba Buena como en la capital provincial.