En el marco de la sesión de la Cámara alta de este jueves, los senadores dieron curso este jueves a cinco acuerdos internacionales. Entre los mismos figura uno de extradición, suscripto con nuestros vecinos chilenos. Los cinco expedientes se consideraron en una sola votación que resultó con 65 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Uno de ellos fue establecido el 6 de agosto de 2018 con Ucrania y tiene que ver con el traslado de personas sentenciadas. Otro tratado aprueba la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, suscripto en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023.

El tercero de los tratados es el de extradición con la República de Chile. Suscripto el 5 de diciembre de 2023 en Santiago de Chile obliga a entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes por la otra parte, para ser sometidas a un proceso penal, juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de la libertad en el territorio de la parte requirente, por algún delito que dé lugar a la extradición.

Otro de los acuerdos es uno relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. También conocido como “Tratado de Medellín”, fue celebrado en esa ciudad colombiana el 25 de julio de 2019.

El último de los acuerdos es el de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el Mercosur. Fue celebrado en Río de Janeiro el 16 de septiembre de 2025.

El análisis de los acuerdos

Miembro informante de este tema fue la oficialista Belén Monte de Oca, quien dio algunos detalles puntuales de cada uno de los tratados. En el caso del acuerdo con Ucrania, dijo que el mismo representa un paso “fundamental” en materia de cooperación jurídica penal internacional, tiene carácter humanitario y es respetuoso de los derechos humanos. “Busca que los connacionales que se encuentran condenados en un país extranjero puedan regresar a su país para poder terminar de cumplir la pena en su entorno social y familiar. Está comprobado que eso garantiza más éxito en la rehabilitación del preso”.

Aclaró que el traslado siempre es “voluntario”, y también que eso no tiene nada que ver con la extradición o deportación. “No tiene nada que ver con esos institutos que por supuesto siguen vigentes”, enfatizó, agregando que la sentencia siempre debe estar firme, el delito debe ser considerado delito en ambas naciones y que al reo le reste cumplir por lo menos un poco más de un año de la condena.

El segundo de los acuerdos es una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del Mercosur. “Argentina es un pujante exportador de servicios, con un énfasis extraordinario en lo que son servicios basados en el conocimiento. Esta enmienda actualiza el marco normativo regional, estableciendo una nueva lista”, apuntó.

La senadora fueguina consideró necesaria una enmienda porque el protocolo vigente es del año 1997, y preveía una liberación hacia 2015, que no se pudo realizar, por lo que se trabajó en cambio en un esquema de ronda de negociaciones. “Y esto es producto de la octava ronda de negociación”, señaló Monte de Oca, acotando que pretende darle previsibilidad y estabilidad a los operadores económicos.

En cuanto al acuerdo de extradición con Chile, destacó su importancia teniendo en cuenta la extensa frontera compartida con ese país. El régimen vigente data de 1933, por lo que debe ser actualizado para reemplazarlo por canales más dinámicos. En este caso se incorporan conductas punibles que antes no estaban, como así también se faculta el uso de circulares de Interpol. “Esta modernización no implica que la Argentina haya cedido en materia de respeto de las garantías y derechos humanos, porque se mantiene el principio de doble incriminación, y Argentina no concede la extradición si el Estado interviniente no reconoce la vida y la pena en condiciones dignas”, aseguró.

Otro de los acuerdos tiene que ver con la transmisión electrónica de solicitudes. Monte de Oca dijo que es “un tratado muy actual, moderno. A raíz de este tratado van a surgir otros en el mismo sentido. El propósito fundamental es la modernización y agilización de la justicia, porque se establece en un canal, una plataforma encriptada, con un sistema de seguridad muy elevado”.

La senadora contó que el tratado viene a resolver “una incongruencia burocrática”, dado que si bien tenemos un sistema judicial fuertemente informatizado, en el plano internacional “recibimos algunas solicitudes con firma digital, y tenemos que imprimir la orden, ponerla en un sobre, mandarla en valija diplomática… Este procedimiento va a agilizar los procesos y será un gasto menos que habrá en estos trámites”.

Por último, mencionó el acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el Mercosur, al que consideró “un instrumento estratégico para la Argentina, porque vincula  nuestro bloque regional con países como Suiza, Noruega, Islandia y Lichestein”, lo que significa que “estamos abriendo las puertas de la producción argentina a un bloque que tiene 15 millones de consumidores, con un altísimo poder adquisitivo, con un promedio per cápita de 97 mil dólares”.

La senadora de La Libertad Avanza apuntó que para nuestras economías regionales “el impacto es directo, porque el acuerdo liberaliza sin demoras el 97% de las exportaciones del Mercosur hacia la EFTA (sigla en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio)”. Este acuerdo servirá para ubicar en esas naciones limones, naranja, aceites vegetales, pesca y productos vitivinícolas, entre otros. Respecto del impacto que tendrá en nuestra industria nacional, la senadora aclaró que “las negociaciones se hicieron sobre una base de apertura asimétrica y gradual”, por lo que el Mercosur “va a disponer de un período de adaptación de 15 años para nuestros sectores más sensibles”.