Este lunes se desarrolló la primera audiencia del debate oral y público que tiene como acusado a Daniel Edgardo Chavarría, quien al momento de los hechos se desempeñaba como sargento primero de la Policía.
La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, quien es representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, junto a Florencia Giménez Saravia, del equipo de investigadores fiscales.
En sus alegatos de apertura, la acusación pública indicó que Chavarría llega acusado por los delitos de abuso de confianza en calidad de autor, en concurso real con estafas reiteradas.
Como pretensión punitiva, el Ministerio Fiscal adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo. Al exponer la teoría del caso y el material probatorio que será incorporado durante el debate, Rafael destacó las declaraciones testimoniales de las víctimas y la documentación aportada durante la investigación.
“Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar. El acusado estructuró y ejecutó un plan sistemático que se verá reflejado en las declaraciones testimoniales y en el material probatorio que vamos a traer al debate”, indicó la investigadora.
Entre las evidencias, mencionó una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sobre talonarios y recibos manuscritos firmados por el imputado.
Asimismo, hizo referencia a un informe elaborado por el equipo contable del MPF que determinó que el daño económico estimado y actualizado al 31 de agosto de 2025 asciende a casi 39 millones de pesos. La querella adhirió a todos los planteos formulados por el Ministerio Fiscal. El debate es conducido por la jueza María Alejandra Balcázar.
Los hechos
La acusación sostiene que Chavarría, aprovechando la confianza depositada en él por los propietarios y los feriantes, percibió de distintos locatarios sumas de dinero en concepto de adelantos de alquileres y renovaciones contractuales para el año 2024, ocasionando un perjuicio patrimonial tanto a los feriantes como a la firma propietaria del paseo comercial.
Asimismo, se le atribuye haber aparentado contar con facultades para comercializar locales de la feria que estaba en construcción. Bajo esa modalidad, habría concretado la venta de puestos comerciales a varias personas, quienes realizaron pagos creyendo legítima la operación./MPF
