La normativa establece un riguroso régimen de inhabilitaciones que alcanza a los tres poderes del Estado, entes autárquicos e intendencias, abarcando tanto a cargos electivos como a funcionarios jerárquicos desde el rango de subdirector en adelante. Como filtros excluyentes, el sistema inhabilita a quienes registren sentencias condenatorias firmes en doble instancia por delitos específicos o figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Durante el acto institucional —del cual participaron autoridades de la Corte Suprema, legisladores, ministros e intendentes—, se destacó que la ley fue fruto del consenso político y cuenta con la particularidad de ofrecer un portal web de acceso libre y gratuito para que la ciudadanía pueda consultar y verificar el estatus de los postulantes.

Para su operatividad, los aspirantes a cargos electivos deberán presentar una declaración jurada ante la Junta Electoral, la cual será auditada por el organismo específico a cargo de Laura Escobar, debiendo revalidar el trámite aquellos candidatos que resulten electos antes de asumir formalmente sus funciones.