El balance técnico sobre la implementación de la reforma laboral ratifica un severo retroceso en el marco protectorio de los trabajadores y la falta de estímulo a la actividad productiva. Diversas organizaciones de abogados laboralistas y centrales sindicales impulsan recursos de amparo judiciales al considerar que la normativa vulnera garantías reconocidas en la Constitución Nacional.
Respecto a la ausencia de resultados positivos en el entramado económico e industrial tras medio año de vigencia del texto legal, la abogada laboralista Luisa Contino remarcó que se trata de una reforma que "fue llamada equivocadamente de modernización laboral; nada bueno podemos tener en la práctica porque no ha servido para crear fuentes de trabajo".
"Despedir a un trabajador no le va a costar nada al empleador, sino a la seguridad social, para terminar alimentando la bicicleta financiera", amplió al referirse a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un instituto que genera preocupación porque podría desfinanciar la seguridad social para derivar recursos estatales hacia el financiamiento de los esquemas financieros.
"La sustitución del régimen indemnizatorio por aportes patronales extraídos de las arcas públicas exime de responsabilidad económica a las empresas frente a los despidos sin causa justa", señaló.
Las severas restricciones impuestas al ejercicio del derecho de huelga y la declaración de múltiples actividades como áreas esenciales o trascendentales fueron también motivos de denuncias internacionales ante la OIT. Asimismo, la derogación de leyes como la de teletrabajo y la flexibilización en regímenes agrarios y del personal doméstico aumentaron la vulnerabilidad laboral en los sectores más desprotegidos.
Según sostuvo Contino, la norma significa un "retroceso histórico" para los derechos colectivos de los trabajadores: "Estamos ante una pérdida fenomenal de derechos y el derecho de huelga ha sido prácticamente eliminado mediante la ampliación de las llamadas tareas esenciales", sentenció.
