Ante la falta de consenso, la administración central ratificó que aplicará de manera unilateral un incremento salarial del 3%, argumentando que con esta suba da cumplimiento a la medida cautelar judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Los sindicatos rechazaron de plano la medida y reclamaron un 23% de recomposición pendiente para equiparar los haberes a los niveles de diciembre de 2023.

El cónclave, que retomó las negociaciones estancadas desde principios de mes, evidenció una distancia insalvable entre las proyecciones oficiales y las demandas del sector educativo, dejando abierto un escenario de protestas inminentes.

La pulseada salarial: el cálculo oficial frente al reclamo de los gremios

Durante el encuentro, la Subsecretaría de Políticas Universitarias defendió la pauta salarial tomando como referencia el entendimiento del pasado 10 de junio —que otorgó un 35% de mejora— y sostuvo que, al adicionar el nuevo 3%, el Estado se encuentra cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Justicia.

Desde la vereda sindical, los representantes docentes desarticularon ese argumento:

    Recomposición adeudada: Los gremios sostienen que la ley exige retrotraer los salarios al poder adquisitivo real que ostentaban en diciembre de 2023.

    La brecha pendiente: Conforme a sus estimaciones técnicas, todavía resta aplicar un incremento cercano al 23% para alcanzar dicho piso, situándose la actualización exigida por la Ley de Financiamiento en torno al 35% según las variables evaluadas.

    Escalada de protestas: Frente a la imposición del porcentaje, los sindicatos confirmaron que el conflicto continuará agravándose, sin descartar la profundización de paros y medidas de fuerza en todo el país.

El frente judicial y el choque por el Presupuesto 2027

La disputa salarial transcurre en paralelo a un debate legislativo de alta sensibilidad: la asignación de recursos contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027. Mientras el Ejecutivo proyecta destinar unos $7,349 billones para el funcionamiento, inversión y programas especiales del sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierte que las instituciones requerirán al menos $11 billones para operar con normalidad el próximo año, configurando una brecha millonaria de aproximadamente $3,65 billones.

Mientras el Gobierno rechaza que exista un recorte nominal —aludiendo a subas interanuales del 20,6% frente a 2026 y del 53,58% contra el crédito original—, rectores y gremios insisten en que las proyecciones oficiales omiten el impacto inflacionario acumulado. Con paritarias cerradas sin acuerdo, una cautelar bajo disputa judicial y el rechazo presupuestario en puerta, el sistema universitario ingresa en una zona de extrema turbulencia de cara al tramo final del año.