La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una presentación administrativa para exigir la realización de un examen de aptitud médica integral al presidente Javier Milei. La medida se fundamenta en los requisitos obligatorios vigentes para la totalidad de los empleados públicos y en el acceso a la información pública. Al respecto, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el pedido está orientado a "conocer si el Presidente está apto o no para ejercer tan alta función, tal como se le exige de manera obligatoria a cualquier trabajador".
La presentación del sindicato busca instalar la viabilidad del juicio político en el ámbito del Congreso de la Nación por razones de inhabilidad. Aguiar explicó en diálogo con Prensa Multimedios que el mecanismo es pertinente ante la magnitud de las reformas aplicadas desde el Poder Ejecutivo y que perjudicaron las condiciones laborales y salariales en general. "La solicitud nos permite ver que el juicio político empieza a cobrar fuerza, por lo que la lupa debe ponerse sobre la oposición política para explorar la única salida institucional que tenemos ante semejante crisis", agregó.
En el sector público, según datos oficiales, se perdieron más de 70.000 puestos de trabajo, que se complementan además con un derrumbe vertiginoso en los empleos formales del sector privado. En este sentido, Aguiar puntualizó que "para un gobierno que le gusta hablar de datos, tenemos que decir que en términos económicos es más letal que la pandemia, habiéndose destruido ya más de 360.000 puestos de trabajo registrados".
Por otro lado, el titular de ATE cuestionó la falta de respuesta de la CGT y las concesiones otorgadas por la cúpula sindical frente a los recortes de los haberes, lo que expone, de algún modo, las divisiones internas dentro de las agrupaciones gremiales y partidarias que se dicen opositoras. "Hay dirigentes que tienen vocación de monaguillo o están muy cómodos con el Gobierno; no se lo derrota a Milei en las urnas si antes no se lo vence primero en las calles", subrayó.
Ante la pasividad de la central de trabajadores, ATE planteó como estrategia recurrir a los tribunales federales para solicitar diferentes medidas en protección de los estatales. La intención es presionar al Gobierno para que el reordenamiento del gasto fiscal no se lleve puesta la protección social y el financiamiento universitario. En este sentido, Aguiar remarcó el compromiso del sindicato para defender la estabilidad laboral y salarial en todo el territorio nacional, y sentenció: "No se puede hablar de equilibrio fiscal sin que exista antes equilibrio social; el Estado no es una empresa ni tiene por qué funcionar bajo sus mismas reglas para contener a su gente".
