Las dudas que persistían en el inicio de esta jornada finalmente fueron despejadas y el Senado, tras un extenso debate en el recinto, pudo avanzar con la media sanción de la nueva Ley de Biocombustibles. El dictamen resultó aprobado en general por 41 votos a favor y 25 en contra.

El texto finalmente aprobado es muy diferente al planteado originalmente por el oficialismo, conforme se aceptaron aportes del conjunto de iniciativas que había y que venían debatiéndose desde el año pasado.

Los expedientes impulsados fueron de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; la salteña Flavia Royón (Primero Los Salteños); Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones); y Jorge Capitanich (Justicialista).

El nuevo régimen de biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030. También habilita que las empresas no integradas (productoras de biodiesel) puedan formar parte de un grupo económico que pasará a competir dentro del segmento abierto del mercado.

Propone, además, la liberación del 3% reservado para las empresas no integradas que no formen parte de esos grupos. Incorporado en las conversaciones finales, cada nuevo entendimiento contempla el diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis, modificación que apunta a compensar la desventaja de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes empresas integradas.

De esta manera, se eleva el corte obligatorio de biodiésel para gasoil del 5% (vigente) al 7,5% y fija el incremento en 10% un año después de la sanción. Respecto al corte de bioetanol para la confección de nafta, dispone el mantenimiento en 12% y, transcurrido un año desde la promulgación de la ley, lo eleva al 15%.

Asimismo, quedó fijado que el porcentaje de las empresas no integradas se va a reducir al 5,5% en el 2029; al 5% en el 2030; y al 3% en el 2031. Pero quedó establecido que desde el 2032, el 7% se podrá comercializar entre todas las firmas, artículo que generó la resistencia de los senadores aliados de las provincias del centro. Finalmente, quedó establecido que las empresas no integradas tendrán un piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 que será del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado garantizada.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá “modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”. “En ningún caso una reducción excepcional podrá extenderse por un plazo mayor a 90 días”, agrega.

Otro de los artículos indicar que “a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.

A su vez, se faculta a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a “establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios”.

Por otra parte, se permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio. No obstante, se aclara que “los biocombustibles destinados al cumplimiento del porcentaje de mezcla obligatoria con combustibles fósiles deberán haber sido elaborados en plantas habilitadas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional”.

En el dictamen también se contempla que “a los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, se deberá instrumentar un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio”.

Al defender la iniciativa, la miembro informante Flavia Royón sostuvo que el proyecto puesto a consideración es “un paso adelante para el futuro energético productivo y federal de nuestro país”. El mismo, dijo, “busca agregar valor en el interior de nuestro país, potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior”.

Recordó que el tema demandó un proceso largo de construcción legislativa, en el que las comisiones consideraron siete proyectos de distintos espacios, en el que se buscó “compatibilizar todas estas iniciativas y ordenar sus aportes. Esta diversidad de antecedentes muestra el interés que hay en las distintas regiones, en los distintos espacios, sobre la materia de los biocombustibles”.

“Este dictamen puede resumirse en una idea: preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías -agregó-. Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema más mercado, porque levanta los cortes, y a un esquema más competitivo, donde sean el mercado y la competitividad las que fijen los precios”.