Ivana Vanesa Argañaraz quedó detenida luego de presentarse este miércoles en la Comisaría de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán. La mujer está acusada de haber participado, junto a su pareja Jorge Omar Abraham y José Benjamín Zavalía de una maniobra que provocó un perjuicio patrimonial inicial estimado en casi $90 millones a una concesionaria de vehículos de la capital.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.
En la audiencia multipropósito intervino la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, quien formuló cargos contra Argañaraz y solicitó que permanezca privada de la libertad durante 60 días.
La mujer, de 47 años, está imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.
Una maniobra para aparentar solvencia
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el MPF, en enero de 2025 los acusados se presentaron en la concesionaria LINE UP S.A., ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975 de San Miguel de Tucumán, y manifestaron su interés en adquirir distintos vehículos.
Los imputados se presentaron como titulares de negocios y bienes y refirieron incluso poseer otros emprendimientos en común, aparentando contar con respaldo económico suficiente para concretar las operaciones.
En ese contexto, adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para efectuar los pagos, entregaron cheques correspondientes a la firma INDI S.R.L., de la cual Argañaraz era titular del 50% de las cuotas y cuyo objeto social es un centro de diagnóstico neurofisiológico.
La investigación sostiene que Argañaraz aportó la estructura societaria y la chequera de la empresa y que firmó la totalidad de los cheques. Abraham, por su parte, recibió esos valores, los firmó y endosó a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria.
En tanto, Zavalía se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago.
Al momento de ser presentados, los cheques fueron rechazados por falta de fondos, ocasionando el perjuicio patrimonial investigado, que asciende inicialmente a unos $90 millones. “Estamos ante una maniobra que ha sido pensada y planificada por una organización”, sostuvo Briz Tomás.
La auxiliar de fiscal también señaló que “dos de los vehículos todavía no fueron habidos” y afirmó que se trató de maniobras destinadas a “simular una solvencia económica que no poseían y lograr que se produzca la entrega de los vehículos por parte de la empresa”./MPF
