La salida de la funcionaria, formalizada en el Boletín Oficial, corona una profunda purga que barrió con el personal civil de la Quinta de Olivos, reemplazado de manera definitiva por efectivos de la Casa Militar bajo estrictas razones de seguridad y control.
Red familiar en Olivos y eventos que alteraban la rutina presidencial

El detonante que colmó la paciencia del mandatario estuvo vinculado al manejo discrecional que la exfuncionaria y su entorno hacían de la residencia oficial. Según trascendió desde el Ejecutivo, la familia de Agudiez no solo había copado puestos clave —designando a su cuñado, el jardinero Javier Sosa, como intendente de la quinta, además de sumar a primos, hermana y madre en tareas de administración y limpieza—, sino que también utilizaba las instalaciones para organizar cumpleaños y asados.

A este uso informal de la residencia se sumaron reportes sobre gastos desproporcionados, entre los que sobresalieron compras millonarias de carne que tensionaron aún más la cuerda interna.

Las graves denuncias de Marcela Pagano: licitaciones direccionadas y catering privado

La caída de Agudiez termina de validar los pesados cuestionamientos que la diputada nacional Marcela Pagano había formalizado judicialmente y en la arena pública. Entre las irregularidades detectadas figuraban:

    Licitaciones sospechosas: Un contrato por $700 millones destinado al mantenimiento y la jardinería de Olivos, presuntamente direccionado a favor de Franco Castelli, señalado como socio de la exfuncionaria.

    El uso de "testaferros": La utilización de un jubilado en situación de vulnerabilidad social, sin bienes ni patrimonio registrado, para inscribirlo como proveedor oficial de la Presidencia y facturarle al Estado más de $600 millones.

    Desvío de insumos: El aprovechamiento de la infraestructura y los recursos de la cocina presidencial para abastecer a "Pancitos Caseros", el emprendimiento de catering privado vinculado al clan familiar.

Con la salida de Agudiez y el reemplazo total del personal civil por efectivos militares, el Gobierno busca obturar un flanco de alta vulnerabilidad política que amenazaba directamente el núcleo de lealtades de la Secretaría General de la Presidencia.LPO