La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos a funcionarios en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Los remedios se destinaban a sectores vulnerables.

El abogado y exfuncionario quedó procesado y más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Asociación ilícita

Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron también los procesamientos de otros 18 acusados, entre ellos el lobista Miguel Angel Calvete y su hija Ornella y dieron por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Además consideró acreditado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios” entre ellos el propio Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi.

Spagnuolo fue designado en ANDIS en diciembre de 2023 por decreto del presidente Javier Milei y lo echaron en agosto de 2025, jaqueado por el escándalo de la difusión periodística de audios donde hablaba de un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegarían a altos funcionarios del Gobierno nacional. Mencionaba a “Lule” Menem y Karina Milei.

Al respecto, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia al respecto. Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.

Se investigan direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.

Cómo fue la maniobra

Los camaristas dieron por probado que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en la Agencia Nacional de Discapacidad “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.

Para ello, en concreto, usaron un sistema de compras conocido como SIIPFIS “que habría sido manipulado de modo de resultar invitadas a cotizar sólo las droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización delictiva”.

Además hubo simulación de competencia entre droguerías, cuyos integrantes conocían de antemano quien sería el ganador y usaban oferentes “pantalla”. Se tejieron vínculos entre privados y funcionarios y las fechas de las licitaciones, cotizaciones y pagos se definían “por fuera de los mecanismos legítimos otorgándoseles a personas ajenas a la administración pública un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.

El principal referente externo de las maniobras era Calvete: se usaban empresas con las que tenía vínculos para competencias simuladas, entre ellas Indecomm SRL, Resposane Salud SA, Bymax Medical SRL, Smart Medical Image SRL, Droguería Profarma SA y Profusión SRL/Profusión Marketing SRL.

Para ello contaba con los entonces funcionarios de ANDIS ahora también procesados que le pasaban la información sobre compras y licitaciones de las contrataciones PACBI, los medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Los acusados que colaboraban eran, entre otros, Spagnuolo, Garbellini y otros cuatro funcionarios de la agencia de discapacidad Roger Grant, Lorena Di Giorno, Eduardo González y Diego D’ Giano que sabían “de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, que dan indicios de pago de sobornos.

Una misma droga, en igual presentación y marca, en compras ‘grandes’ fue cotizada y adjudicada por un precio unitario de $21.000.000 en los meses de abril y mayo y $25.012.000 en el mes de julio de 2025, remarcaron los jueces para dar un ejemplo de los sobreprecios.

Los acusados

Entre los 19 acusados está también la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, a quien se secuestraron casi USD 700.000 en su departamento.

Según su declaración, los fajos de billetes encontrados en un allanamiento eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel Angel Calvete.

Diego Spagnuolo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).

Daniel Garbellini: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita como organizador o jefe.

Miguel Ángel Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita como organizador o jefe.

Pablo Atchabahian: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Diego Martín D’ Giano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Roger Edgar Grant: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Eduardo Nelio González: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Lorena Vanesa Di Giorno: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Andrés Horacio Arnaudo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Silvana Vanina Escudero: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Alejandro Gastón Fuentes Acosta: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Patricio Gustavo Rama: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Federico Maximiliano Santich: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Guadalupe Ariana Muñoz: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Julio Cesar Viera: cohecho y asociación ilícita. Ornella Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Patricia Liliana Canavesio: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Ruth Noemí Lozano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Luciana Ferrari: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita./infobae.com